La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se complicó este tras una serie de medidas impulsadas por el juez federal Ariel Lijo.
La investigación sobre su viaje en un vuelo privado a Uruguay sumó nuevas pruebas que contradicen la versión oficial: se incorporaron facturas por montos mayores a los admitidos por el funcionario y, lo más alarmante para Comodoro Py, constancias de acreditación de fondos en una cuenta en el exterior para cancelar parte de los traslados.
La "ruta del dinero": discrepancias en las facturas y empresas vinculadas
El magistrado logró secuestrar documentación clave que expone que el vuelo de ida (realizado el 12 de febrero desde San Fernando) tuvo un costo de 4.830 dólares, cifra que supera los 3.800 dólares que el propio Adorni había declarado públicamente. La trazabilidad de los fondos reveló una estructura que vincula al sector público con el privado:
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El pago del tramo de ida: Fue emitido por la empresa Alphacentauri a favor de Imhouse, una firma vinculada a Marcelo Grandio, periodista y amigo personal de Adorni.
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El conflicto de intereses: La productora de Grandio tiene tres programas en la TV Pública, señal que depende directamente de la Jefatura de Gabinete que encabeza Adorni.
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El paquete de vuelos: Se detectó otra factura emitida a nombre de Agustín Issin Hansen por 42.250 dólares en concepto de "servicios aeronáuticos". Este monto correspondería a un abono de diez vuelos a Punta del Este, de los cuales la familia del jefe de Gabinete habría utilizado uno.
Medidas de prueba: Se levanta el secreto fiscal y bancario
Ante la aparición de una cuenta en el exterior utilizada para acreditar los fondos del vuelo de regreso, el juez Lijo ordenó avanzar con medidas de fondo para determinar el origen del dinero:
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Levantamiento del secreto fiscal y bancario: La medida recae sobre la empresa Imhouse y sobre el particular Agustín Issin Hansen.
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Pedido al ARCA (ex AFIP): Se requirió información sobre la situación fiscal y la facturación de todos los involucrados.
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Registros de la PSA: Se ordenó el secuestro de todas las cámaras de seguridad del Aeropuerto de San Fernando y la documentación de la empresa que operó la aeronave.
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Auditoría de viáticos: El juzgado solicitó la normativa vigente sobre viajes y estadías financiadas por terceros para funcionarios del Poder Ejecutivo, a fin de determinar si existió una violación a la Ley de Ética Pública.
La TV Pública en el centro del escándalo
Un dato que los investigadores consideran "sensible" es el vínculo comercial entre el Estado y los allegados al ministro. Hasta que estalló el conflicto, Marcelo Grandio desempeñaba funciones en la TV Pública, medio que orbita bajo la órbita de la Secretaría de Comunicaciones y Medios, dependiente de la Jefatura de Gabinete. La justicia busca determinar si el pago del vuelo privado fue, en rigor, una dádiva o un retorno vinculado a las contrataciones de la productora de Grandio en el canal estatal.
