El fiscal Gerardo Pollicita no da tregua. En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, ordenó nuevas medidas de prueba para investigar el patrimonio y los ingresos formales del jefe de Gabinete.
La instrucción apunta a reconstruir la historia laboral y económica tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti, retroactivamente hasta el año 2012.
El objetivo es claro: cotejar las inconsistencias en las declaraciones juradas y determinar el origen de sus inversiones.
Pollicita solicitó a la Comisión Nacional de Valores todos los datos de las operaciones de blockchain autorizadas en Argentina desde 2012, el año previo a que Adorni comenzara a incursionar en la compra de Bitcoin. También exigió a la ANSES los recibos de sueldo del funcionario y de su mujer.
Pollicita ordenó investigar a Adorni desde 2012: nuevas medidas para rastrear su patrimonio
En paralelo, el fiscal analiza también la información vinculada al patrimonio de su hermano, el diputado provincial Francisco Adorni, para contrastar tanto las declaraciones como los antecedentes. La fiscalía quiere saber si hay patrones comunes o movimientos que no cierran.
La investigación incluye la trazabilidad de fondos, las operaciones con criptomonedas y el expediente sucesorio de su padre Jorge Adorni (fallecido en 2002), quien habría dejado el dinero que el jefe de Gabinete utilizó para sus inversiones en bitcoins.
La fiscalía también analiza todos los vuelos realizados por el funcionario y su familia, la compra de propiedades no declaradas (como la casa en el country Indio Cuá y un departamento en Caballito), y el estado de sus deudas, que son de un valor relevante.
Adorni, en su declaración jurada de 2024, informó haber recibido $10,2 millones de una herencia. Sin embargo, al año siguiente elevó esa cifra a $73 millones. También declaró tenencias en criptomonedas incorporadas a su patrimonio entre los años 2021 y 2023. El fiscal quiere saber de dónde salió esa plata.
En el marco de la investigación, además, apareció un dato que suma una capa más al escándalo: una factura de 8,1 millones de pesos en sábanas de lujo, emitida por la empresa chilena Rosen The Store a nombre de una persona de confianza de Adorni.
El comprobante fue hallado en el celular del contratista Matías Tabar y ahora la fiscalía lo analiza para determinar si hay una red de testaferros detrás del funcionario.
