El horizonte judicial del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni,genera preocupación en el Gobierno. Según fuentes judiciales, el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita ultiman los detalles para citar al funcionario a prestar declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista para la segunda quincena de julio de 2026.
Te puede interesar
La medida representa un punto de inflexión en la gestión de Adorni, ya que en el ámbito de Comodoro Py se interpreta que un llamado a indagatoria en causas de esta índole suele ser la antesala de un procesamiento inminente.
Los investigadores centran su atención en un presunto esquema de beneficios irregulares y un incremento patrimonial que no guardaría correlación con sus ingresos declarados, sumando sospechas de negociaciones incompatibles con la función pública, dádivas y posible lavado de dinero.
El nexo con la productora Imhouse y los vuelos privados
El vínculo entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandío, dueño de la productora Imhouse, es el principal detonante de la citación. La Justicia sospecha que Grandío actuó como financista de gastos personales del funcionario a cambio de beneficios en el Estado.
Entre las pruebas analizadas figura el viaje que Adorni realizó a Uruguay en un avión privado durante el Carnaval de 2024; aunque el Jefe de Gabinete afirmó haberlo pagado de su bolsillo, la Justicia cuenta con testimonios y facturas que indican que los tramos fueron abonados por la productora Imhouse y por el propio Grandío.
En paralelo, se investiga la adjudicación de al menos seis contratos de coproducción en la TV Pública a la firma de Grandío para programas de entrevistas y ciclos de streaming. Para probar este intercambio de favores, el juez Lijo ordenó a la DAJuDeCO realizar un cruce de llamadas y geolocalización entre los involucrados para determinar si hubo contactos que coincidan con las fechas de firma de los acuerdos estatales.
Inconsistencias patrimoniales y el caso Indio Cuá
Más allá de los vínculos con terceros, la investigación por enriquecimiento ilícito pone el foco en la propiedad adquirida por Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
El funcionario escrituró la vivienda en noviembre pasado por 120.000 dólares, pero la Justicia detectó reformas integrales por un valor estimado de 245.000 dólares, presuntamente realizadas sin facturación oficial, incluyendo la fabricación de más de cincuenta muebles a medida que no figuran en sus declaraciones juradas.
Los investigadores analizan cómo el Jefe de Gabinete pudo comprometerse al pago de hipotecas y gastos de remodelación que rondarían los 370.000 dólares en total, una cifra que excede largamente su capacidad de ahorro declarada. Asimismo, el caso suma una posible imputación por peculado debido al presunto uso de efectivos de la Gendarmería Nacional para la custodia exclusiva de su domicilio particular, lo que configuraría el uso ilegal de recursos públicos para beneficio personal.
