Hoy a las cuatro de la tarde, si el oficialismo junta las firmas, tres comisiones de Diputados van a dictaminar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Lo escribo hoy porque la ley que llega al plenario no es la que anunció el Presidente, y porque las fechas en que cambió dicen mucho sobre quién la está escribiendo.
Empiezo por una foto. El 22 de septiembre, a las 12:47 de Nueva York, Donald Trump se sentó con el primer ministro británico, Andy Burnham, en la sede de las Naciones Unidas. Burnham contó después que hablaron de «comercio y las Islas Malvinas». Un día antes, el gobierno de las islas había prorrogado por cinco años todas las licencias de exploración petrolera, con «el pleno respaldo» de Londres.
Lo que está en juego tiene números. Sea Lion, el proyecto de la israelí Navitas y la británica Rockhopper, apunta a sacar 170 millones de barriles en su primera etapa, con una inversión de 2.100 millones de dólares y el primer crudo previsto para comienzos de 2028. Es petróleo de nuestra plataforma que se va a vender con licencia británica.
La promesa y la semana de octubre
El 3 de septiembre, en cadena nacional, Milei dijo que la Argentina «no se quedará de brazos cruzados». Prometió una ley que alcanzara no solo a las petroleras, sino a sus accionistas, directores y proveedores, y que les cerrara los negocios en la Argentina, con el Estado y con los privados. Es la ley que quería cualquiera que defienda Malvinas.
Siete semanas después llegó Washington. El jueves 22 de octubre, Christopher Landau, el número dos del Departamento de Estado, dijo en la Cancillería: «Es natural que cualquier país se preocupe por los intereses de sus empresas». Ese mismo día se reunió en el Ministerio de Economía con Luis Caputo y con Santiago Caputo, el asesor que impulsó el proyecto y que ya había conversado con Landau en Washington en mayo. El viernes 23, Milei lo recibió en la Casa Rosada. Y ese viernes, según informó el gobierno británico, Burnham llamó a Trump y le habló de Sea Lion: «reiteró la importancia de respetar el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales».
El lunes 26 ya circulaba el texto nuevo. Según La Nación, quedan exceptuados «determinados accionistas minoritarios, con participaciones de hasta el 2%» y los «fondos de inversión que no tengan poder de decisión sobre los activos». El Gobierno explica que «había que poner un corte, porque si no el proceso jurídico iba a ser eterno». Pero la ley de 2011, la 26.659, ya prohibía la participación directa o indirecta en empresas que operan en nuestra plataforma sin permiso.
Justo en el límite
Hay un nombre que conviene poner al lado de ese 2%. Eduardo Elsztain, dueño de IRSA, tiene acciones de la ex Falkland Islands Company, hoy FIH, la empresa más importante de las islas. Él mismo escribió en septiembre que su participación es «cercana al 2%». Elsztain fue uno de los pocos grandes empresarios que mostró en público su cercanía con Milei: en la campaña, el candidato vivió semanas en su Hotel Libertador. No sé si el corte se pensó para él. Sí sé que nadie explicó por qué es 2% y no 1% o 5%.
Y hay una puerta más. El proyecto incluye un régimen de regularización: el que deja de operar en las islas puede pagar una multa o pasar su inversión al continente, y se le suspenden los procesos. Con acciones repartidas en paquetes chicos y fondos que no figuren como los que deciden, la ley que iba a cerrar todo deja rendijas.
Lo que no se achicó
Lo que no tuvo recortes es el Consejo de Seguridad Nacional. Lo preside Milei y lo integran el jefe de Gabinete, los ministros de Exteriores, Defensa, Economía y Seguridad, la SIDE y Legal y Técnica: todos nombrados por él. Ante una «amenaza grave» puede bloquear fondos, frenar pagos y suspender contratos antes de cualquier proceso. El CELS lo llamó en el Congreso «un supraorganismo con capacidad de imponer sanciones gravísimas sin control real». La bicameral que se agregó recibe un informe 48 horas después.
Mi lectura es esta, y la doy como lectura: no tengo un documento que diga que la ley se escribió a pedido de Estados Unidos. Tengo fechas. Una reunión en Nueva York, una prórroga de licencias, una visita, una llamada a la Casa Blanca y un texto que se achica para los de afuera mientras crece el poder de adentro.
Malvinas no se negocia con Londres. Tampoco se escribe a pedido de un aliado que encima es el socio histórico de nuestro adversario.
