El gobierno de Javier Milei sigue avanzando con su plan de ajuste social, y esta vez el blanco fue el programa "Volver al Trabajo", que hasta hace unos meses era el sostén de casi un millón de familias en todo el país.
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La decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de dar de baja el programa y reemplazarlo por un esquema de vouchers de capacitación dejó sin el único ingreso mensual a más de 900 mil beneficiarios.
Ante esto, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) no se quedó de brazos cruzados y llevó el caso a la Corte Suprema.
La presentación judicial, un recurso de amparo de 29 páginas, busca frenar el cierre del programa y restituir los pagos a los trabajadores de la economía popular que quedaron en la calle.
La UTEP llevó a la Corte el cierre de "Volver al Trabajo" para 900 mil familias
El recurso apunta a revertir el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que el 13 de julio pasado había habilitado al Gobierno a discontinuar el programa, revocando una cautelar que había dictado el Juzgado Federal de Campana.
El argumento central de la UTEP es demoledor. La Cámara de San Martín había avalado la postura del Gobierno al considerar que el nuevo programa "Formando Capital Humano" era una política de transición.
Pero los números no mienten. El padrón de "Volver al Trabajo" tenía, en su última liquidación, 917.740 beneficiarios. El nuevo programa de capacitación, en cambio, apenas registra 136.000 inscriptos. Una brecha de casi 800 mil personas que, de un mes para el otro, se quedaron sin nada.
"Una capacitación puede eventualmente mejorar oportunidades laborales futuras, pero no reemplaza en el presente la pérdida de una asignación dineraria mensual destinada a cubrir necesidades básicas", remarcan los letrados en la presentación.
El nuevo programa, sostienen, es una oferta condicional de cursos y vouchers sujetas a vacantes e inscripción, no un ingreso directo periódico que garantice la canasta básica alimentaria.
La UTEP ya había logrado en abril una medida cautelar que obligaba al Ejecutivo a sostener las asignaciones mensuales hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Pero la Cámara de San Martín revocó esa decisión, y ahora la Corte Suprema es la última instancia.
El recurso extraordinario presentado por la UTEP argumenta que la decisión de la Cámara incurre en arbitrariedad al desconocer el carácter alimentario y de subsistencia de la prestación suprimida por el Gobierno.
Los demandantes sostienen que la interrupción del ingreso mensual afecta derechos constitucionales básicos —artículos 14 bis, 18, 28, 43 y 75 incisos 19, 22 y 23 de la Constitución Nacional—, provocando un "gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior" para familias en situación de vulnerabilidad social.
Desde el Ministerio de Capital Humano, la posición es clara: no hay vuelta atrás. El gobierno sostiene que el programa "Volver al Trabajo" tenía un vencimiento de 24 meses y que fue reemplazado por un esquema de vouchers de capacitación laboral.
Pero la UTEP insiste en que el nuevo programa no es una alternativa real para los trabajadores de la economía popular, que necesitan un ingreso mensual para sobrevivir.
La organización social ya se manifestó en varias oportunidades, con convocatorias y movilizaciones para ejercer presión sobre el oficialismo. Pero en el Gobierno aseguran que no piensan dar el brazo a torcer.
