El sistema universitario público continúa en estado de alerta debido al incumplimiento del Gobierno Nacional de la Ley de financiamiento. En este contexto, este viernes se llevó a cabo la segunda y última jornada del paro nacional de 48 horas convocado por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN).
Tras el masivo acatamiento registrado el jueves, las facultades de todo el país permanecieron con sus puertas cerradas en un marco de protesta que denuncia el estrangulamiento económico del Poder Ejecutivo y el incumplimiento deliberado de la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el Poder Legislativo.
Los paros llevados a cabo por distintas casas de estudio exponen la gravedad del conflicto salarial que atraviesan los trabajadores de la educación superior. De acuerdo a lo que sostienen los gremios, la pérdida de poder adquisitivo acumulada bajo la actual gestión supera el 50%, mientras que los magros acuerdos alcanzados resultan insuficientes para amortiguar la inflación.
Respecto a esto, representantes docentes indicaron que la mesa paritaria habilitada en junio apenas permitió recomponer un 21%, dejando una deuda salarial pendiente que sobrepasa el 32% y coloca a miles de educadores en una situación límite.
El reclamo de la UBA: "Ya no hay más posibilidades de dilaciones desde lo judicial"
Las universidades nacionales se encuentran en momentos críticos debido al desfinanciamiento del Gobierno nacional. Así lo planteó el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Guillermo Durán, quien aseguró que se terminó el tiempo de dilaciones judiciales para el Ejecutivo Nacional.
“Lo que queda ahora es que el juez de primera instancia, Martín Cormick, con la cautelar vigente, defina los punitorios, personales ya, a los funcionarios que no están cumpliendo con la ley”, explicó Durán en Radio 750. “Ya no hay más posibilidades de dilaciones desde lo judicial”, ratificó.
La cautelar en cuestión es parte de la ley de Financiamiento universitario y es lo que define que el gobierno debe retrotraer los salarios y becas a valores del 1 de diciembre de 2023.
Del 54% de reajuste que debería implementar el Ejecutivo, el gobierno recompuso apenas el 21% dos meses atrás. “Si mirás la foto al día de hoy, nos da una pérdida de más del 30% de valor real del salario de docentes y no docentes universitarios”, continuó el decano de la Facultad de Ciencias Exactas en Escuchá Página|12.
“Hicieron el intento de decir que estaban cumpliendo con la cautelar porque habían dado este 21 por ciento y me consta que en la audiencia de la semana pasada, el juez fue muy claro en que eso no era el cumplimiento de la ley, que eso era una parte menor y que, por lo tanto, debían cumplirla en su totalidad. Después de eso y según lo que nos dijeron nuestros especialistas del derecho, lo que viene es esta decisión del juez para aplicar las multas”, concluyó.
