La diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, fue citada a prestar declaración indagatoria el próximo 28 de mayo en una causa contravencional que investiga presuntos malos tratos y ataques a la dignidad del activista Ian Moche, un niño de 12 años con condición del espectro autista.
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La medida fue dispuesta por el fiscal porteño de primera instancia, Hernán Biglino, tras una denuncia presentada por la legisladora nacional Marcela Pagano, quien solicitó investigar las expresiones de Lemoine contra el menor y su madre, Marlene Spesso.
La investigación busca determinar si la diputada incurrió en la infracción de "maltratar", contemplada en el artículo 55° del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.
Dicho apartado penaliza a quien ejerza violencia psíquica mediante humillaciones, vejaciones o malos tratos verbales que ataquen la dignidad de una persona. El caso cuenta con un agravante potencial, estipulado en el artículo 56°, debido a que el sujeto pasivo de la agresión es un menor de edad.
El origen del conflicto: Cuestionamientos al activismo y la discapacidad
La controversia se desató tras una serie de intervenciones públicas de Lemoine en programas de televisión y redes sociales, donde cuestionó la condición de Ian Moche y el rol de su madre en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
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Dichos en televisión: Durante una emisión en La Nación +, Lemoine sostuvo que la sociedad es hipócrita al permitir que una madre "lucre con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista". Asimismo, afirmó que la madre del niño "no está bien de la cabeza".
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Agresiones en redes sociales: En la plataforma "X", la diputada acusó a Marlene Spesso de ser una "cobarde" y de utilizar a su hijo "para figurar" y "ganar plata".
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Ratificación de postura: Tras el repudio de diversos bloques legislativos, Lemoine insistió en su defensa alegando que "jamás dijo nada de Ian Moche", sino que su crítica se centraba en el supuesto uso del niño por parte de su progenitora.
Frente a estas declaraciones, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, representante de la familia, hizo públicos los datos del Certificado Único de Discapacidad (CUD) obtenido por el niño en 2020. El documento acredita oficialmente su pertenencia al espectro autista nivel 1, con vigencia hasta el año 2030, desmintiendo así las versiones sobre una supuesta actuación o falsedad en su condición.
Nombres vinculados al expediente y al conflicto
En el marco de esta causa y los incidentes previos que involucraron al menor, se destacan las siguientes figuras:
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Ian Moche: Activista e influencer de 12 años con autismo, víctima de las agresiones investigadas.
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Lilia Lemoine: Diputada nacional (LLA) y titular de la comisión de Juicio Político, imputada en la causa.
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Marlene Spesso: Madre de Ian Moche, también blanco de las descalificaciones de la diputada.
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Hernán Biglino: Fiscal porteño de primera instancia que dispuso la citación a indagatoria.
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Marcela Pagano: Diputada nacional que impulsó la denuncia original contra Lemoine.
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Andrés Gil Domínguez: Abogado constitucionalista y defensor de la familia Moche.
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Diego Spagnuolo: Ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), envuelto en una controversia previa con el menor.
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Javier Milei: Presidente de la Nación, quien en 2025 replicó publicaciones que acusaban al menor de realizar operaciones políticas.
Posibles sanciones y acciones disciplinarias
De ser encontrada culpable, el Código Contravencional prevé para este tipo de infracciones sanciones que van desde los dos a diez días de trabajo de utilidad pública hasta multas económicas. Si bien el arresto de hasta cinco días es una opción legal, la inmunidad de fueros de Lemoine impide la aplicación de penas privativas de la libertad.
No obstante, el conflicto ha escalado al ámbito parlamentario. A través de su abogado, Ian Moche ha denunciado a la diputada por "inhabilidad moral", solicitando a la Cámara de Diputados de la Nación que aplique sanciones disciplinarias o evalúe la expulsión de Lemoine del cuerpo legislativo por considerar que su conducta vulnera los estándares éticos requeridos para el ejercicio del cargo.
