Encarcelamiento a los dueños del grupo Indalo, con un informe que él mismo confesó que mandó a “confeccionar” a la AFIP; despidos masivos en la agencia de noticias estatal Télam; espionaje a trabajadores durante el G20. Estos son apenas algunos de los ataques a la prensa durante el gobierno de Mauricio Macri, quien en las últimas horas paradójicamente salió a hablar de “libertad de expresión”.
Fue a partir de la renuncia de Viviana Canosa a A24 por desacuerdos con los directivos del canal, que el expresidente intentó defender a la cuestionada conductora televisiva a través de un posteo en su cuenta personal de Twitter.
El tuit de Macri en defensa de Viviana Canosa
“No podemos aceptar ningún tipo de censura sobre la prensa, ni aún la encubierta en buenas intenciones. Es un retroceso a la ignorancia, un castigo que promueve el silencio", escribió el ex mandatario.
“Aceptamos el costo de ser libres o aceptamos las consecuencias de no serlo. Yo estoy con la libertad”, completó el expresidente que parece haber perdido la memoria.
Tras su publicación, los usuarios de la red social, y muchos periodistas desde sus cuentas personales, le contestaron a Macri con respuestas fulminantes.
La persecución de los dueños del Grupo Indalo, un caso paradigmático de atentado contra la libertad de prensa
Entre otras cosas, Macri omite que desde 2015 -cuando inició su gobierno- se montó un operativo contra Oil Combustibles para perseguir a los accionistas del grupo Indalo Cristóbal López y Fabián De Sousa con el objetivo de quebrarlos.
La operación que derivó en la quiebra de Oil arrancó en octubre de 2015, el día de la primera vuelva electoral de aquel año. Esa mañana, Macri citó a Cristóbal López en la casa de Franco Macri, en Barrio Parque.
El ahora expresidente le dijo a López que su triunfo electoral estaba asegurado, le mostró una encuesta y -según declaró el empresario ante la jueza Servini- “me pidió el canal para meter presa a Cristina”. López asegura que en aquel diálogo le contestó “no contés conmigo”.
Tres meses después, Macri asumió la presidencia y se inició una guerra contra Indalo, con un pico en marzo de 2016 cuando una nota en el diario La Nación hizo pública una supuesta investigación periodística en la que se acusaba al Grupo Indalo de una evasión impositiva de $8.000 millones.
Muy poco después, el propio ex mandatario reveló que en realidad se trató de un trabajo hecho por la AFIP -es decir por el gobierno de Macri- y filtrada al matutino.
En ese momento, se presentó en Comodoro Py la exdiputada Elisa Carrió y sostuvo que lo publicado en La Nación era parte de la gigantesca asociación ilícita, encabezada por Néstor y Cristina Kirchner, que ella ya había denunciado en 2008, ocho años antes.
De esa forma, canalizó la instrucción hacia el juez Julián Ercolini -que tenía el expediente de 2008 sobre la asociación ilícita- que junto con Claudio Bonadio, monopolizaron la persecución contra los opositores. Fue una maniobra de forum shopping, es decir de elección del juez, sin que Carrió hiciera aporta alguno, sólo recortes periodísticos.
El siguiente paso era obvio cantado: se acusó a los empresarios por defraudación.
Durante todo el juicio, López y De Sousa recibieron las visitas de distintos enviados, entre ellos Pepin Rodríguez Simón (hoy prófugo en Uruguay), quien les anunció: “Empezó la guerra”.
Pero la persecución a las empresas fue aún mayor, con embargos y pedidos de quiebra. Al mismo tiempo, también aparecieron en escena varios empresarios, Orly Terranova, Ignacio Rosner -cercanos al macrismo- que hacían ofertas para quedarse con el conglomerado de empresas y, por fin, disciplinar los medios a la Casa Rosada.
En aquella época los trabajadores cobraron sus sueldos en cuotas y con enormes obstáculos plantados por el gobierno de Macri y la justicia comercial con la que hubo una enorme batalla para que no se embargaran las cuentas desde la que se pagaban los salarios.
Una instancia clave se produjo en diciembre de 2017 cuando Ercolini dictó el procesamiento y la prisión preventiva de López y De Sousa. Fue justito el 19 de diciembre, en medio de las movilizaciones en Congreso por la reforma jubilatoria.
Esa noche, tras una reunión entre el presidente, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia, se puso en marcha el operativo que buscó morigerar el escándalo que produjo en el Congreso la detención de los empresarios.
Para dictar la prisión: Ercolini argumentó que López y De Sousa habían vendido el grupo empresario a sus espaldas, algo obviamente imposible porque no se podían transferir acciones sin el visto bueno del magistrado que tenía todo embargado. Lo cierto es que un año y nueve meses después, en septiembre de 2019, la jueza María Eugenia Capuccetti dictaminó que no hubo tal venta ni se cometió ningún delito. López y De Sousa estuvieron casi 22 meses presos.
Con los dueños en el penal de Ezeiza, la compañía quebrada y la ofensiva mediática, en el camino la justicia malvendió bienes claves de Oil, como la refinería, el puerto de San Lorenzo y una serie de estaciones de servicio a precios que significaban un tercio o un cuarto de ofertas anteriores; le quitaron al grupo concesiones viales y el gobierno de Macri revocó obras que la constructora CPC había ganado en licitaciones.
Hace casi un año, la jueza comercial María Soledad Cazzaza dio por finalizada la quiebra de Oil Combustibles y aceptó el avenimiento (acuerdo) de Oil por el 99,96% de la deuda y el 96% de los acreedores. El fin de la quiebra de Oil es una especie de derrota del demoledor apriete que sufrieron distintos empresarios por parte del gobierno de Mauricio Macri.
La extorsión, conducida por la llamada mesa judicial, es hoy investigada por la jueza María Romilda Servini y es la causa en la que está prófugo el principal operador judicial de Macri, Pepín Rodríguez Simón.
