Luego de rechazar el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad, el Senado dio un segundo revés al Ejecutivo, al aprobar un proyecto de ley que limita los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que imposibilitaría al presidente pasar por encima del Congreso con este tipo de normas que funcionan con la firma presidencial.
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El proyecto fue aprobado por amplia mayoría con 58 votos a favor incluso con apoyo de senadores del PRO, que dieron su voto afirmativo al proyecto que ahora seguirá su tratamiento en la Cámara de Diputados. También tuvo ocho votos en contra y las abstenciones de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
Entre los cambios sobresalientes del proyecto los DNU pasarían a tener un plazo de 90 días de corrido para ser aprobados sin excepción y “con mayoría absoluta” por Diputados y el Senado. En la actualidad, si ambas Cámaras no lo voltean -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso.
Asimismo, modifica que ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían, salvo los derechos adquiridos durante el potencial y corto tiempo de vida. De esta forma, se promueve que el Poder Legislativo tome una postura activa al respecto de los decretos y no termine convalidándolos por omisión.
También el proyecto intenta delimitar los criterios de necesidad y urgencia y circunscribir cada DNU a un área técnica en particular, evitando megadecretos como el 70/2023 firmado a inicios de la gestión de Javier Milei que introdujo múltiples cambios en distintas áreas que poco tenían que ver unas con otras.
Durante el debate
Fueron muchas las intervenciones durante el tratamiento del proyecto. La senadora Anabel Fernández Sagasti, sostuvo sobre el proyecto: "El Poder Ejecutivo de Milei, como ningún otro desde la reforma de 1994, se arrogó facultades legislativas y una reforma constitucional de hecho. Desde ese momento, la Argentina cayó por un tobogán de descenso institucional que parece no tener piso".
Por su parte, Alejandra Vigo (Córdoba), aseguró: “Los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la idea de separación de poderes y funciones, y por ello la necesidad de atenuación del presidencialismo que guio a la reforma constitucional de 1994”.
“Sancionar esta modificación evita, en buena medida, la tentación de gobernar con la suma del poder público, extralimitándose el Gobierno en su accionar, cualquiera sea el signo político. La ley 26.122 contiene un procedimiento cuya consecuencia directa es que un DNU, para ingresar y sobrevivir, tiene menos requisitos que una ley ordinaria”, agregó Vigo.
Carlos Espínola, de Unión Federal, sostuvo: "Estamos buscando reinstalar el sistema de peso y contrapeso, claro y transparente. Entendemos que el Ejecutivo necesita herramientas, pero aquellos que representamos a las provincias necesitamos garantías", consideró.
