La situación judicial de Manuel Adorni sumó un nuevo capitulo este martes, y esta vez, por la incorporación tardía de una propiedad que no había sido declarada en tiempo y forma.
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Se trata de una casa ubicada en el country Indio Cuá, que figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, y que fue adquirida en noviembre de 2024.
Sin embargo, ese inmueble no apareció en la declaración jurada presentada por el funcionario el año pasado.
Recién ahora, y en medio del avance de la investigación judicial, el bien fue incorporado a la documentación oficial.
Según trascendió, la corrección se hizo después de que la Justicia solicitara el detalle completo de los bienes ante la Oficina Anticorrupción.
Manuel Adorni omitió una propiedad en Indio Cuá y la declaró un año después
La ley es clara: los funcionarios deben declarar no solo sus bienes, sino también los de su cónyuge, incluso si no forman parte de la sociedad conyugal.
La omisión de esa información puede derivar en sanciones e incluso en consecuencias penales si se comprueba que fue deliberada.
En este caso, la propiedad en cuestión se suma a otros movimientos patrimoniales que ya están siendo analizados en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La investigación también puso el foco en cómo se financió esa compra. De acuerdo con la documentación, el mismo día de la operación se tomó un préstamo de 100.000 dólares otorgado por dos mujeres, con garantía hipotecaria sobre otro inmueble del funcionario.
Ese esquema ya había despertado interrogantes en la Justicia, que ahora suma este nuevo episodio a la reconstrucción del patrimonio de Adorni y su entorno.
Desde su llegada al Gobierno, el jefe de Gabinete y su esposa incorporaron distintos bienes, entre ellos la casa en el country, un departamento en Caballito y un vehículo. Sin embargo, los ingresos declarados no parecen acompañar ese crecimiento.
En su defensa, el entorno del funcionario podría argumentar que la declaración fue corregida. Pero el punto que observan en tribunales es que esa rectificación llegó recién cuando la investigación ya estaba en marcha.
Con este nuevo elemento, la causa que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita sigue acumulando piezas que buscan explicar el origen y la polémica evolución del patrimonio del funcionario.
