En una decisión que profundiza la crueldad social de su programa de gobierno, el presidente Javier Milei vetó de manera total tres leyes que habían sido aprobadas por amplia mayoría en el Congreso el pasado 10 de julio. Las normas contemplaban un aumento real para jubilaciones y pensiones, la actualización de bonos, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia nacional en discapacidad. A partir de esta madrugada, con su publicación en el Boletín Oficial a través del Decreto 534/2025, el veto quedó firme.
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La medida afecta directamente a millones de personas mayores que cobran la jubilación mínima, a quienes se les había aprobado un aumento del 7,2% real (por encima de la inflación) y un bono que pasaría de $70.000 a $110.000, ajustado mensualmente. También derriba la posibilidad de acceder a una jubilación para quienes no llegaron a los 30 años de aportes, al eliminar la moratoria previsional por dos años, una herramienta que históricamente permitió que cientos de miles de mujeres, trabajadoras informales y personas sin aportes suficientes no queden en la indigencia.
Además, el veto recae sobre la ley que declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026. Esa norma proponía la creación de una pensión no contributiva compatible con el trabajo formal, así como la actualización automática de aranceles y compensaciones para prestadores de servicios. La decisión de Milei no solo desconoce la situación crítica del sistema de atención, sino que amenaza la continuidad de tratamientos esenciales y el acceso a derechos básicos para una población históricamente postergada.
El Gobierno justificó el veto aludiendo a la “falta de financiamiento” y a supuestas irregularidades legislativas. Según los cálculos oficiales, la implementación de estas leyes habría implicado un gasto equivalente al 1,68% del PBI y más de 2 billones de pesos en 2025. Pero detrás del lenguaje técnico y las cifras, lo que se esconde es una decisión política: ajustar sobre los sectores más vulnerables mientras se mantiene la baja de impuestos al agro, a los grandes exportadores y a las empresas energéticas.
El veto fue refrendado por todos los ministros del Gabinete, entre ellos Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich, Luis Caputo y Sandra Pettovello. Con este acto, el Ejecutivo ratifica que su prioridad no es el bienestar de la mayoría, sino la consolidación de un modelo de exclusión, donde en nombre del “déficit cero” se condena a millones a la pobreza, la desatención médica y la inseguridad social.
