El secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el director del BICE, Felipe Núñez, rechazaron este jueves haber recibido privilegios en los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación y aseguraron que accedieron a los préstamos “bajo las mismas condiciones que cualquier cliente de la entidad”.
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Durante sus declaraciones, Núñez fue enfático al sostener que “no hicimos nada ilegal ni inmoral” y explicó que la decisión de operar con dicha institución se basó en que ambos cobran allí sus salarios, son clientes y el banco ofrecía “la tasa más competitiva del mercado”.
En ese sentido, el asesor remarcó que sus familias se endeudaron a 30 años para comprar una casa y negó cualquier tipo de trato diferencial, afirmando que “no hubo tasa subsidiada ni tasa preferencial ni nada de todas esas cosas que se dijeron”.
Además, buscó relativizar el impacto político de la medida al señalar que los funcionarios involucrados en la polémica representaron “menos del 0,2% de los 27.000 créditos otorgados por la entidad”. Para Núñez, la controversia ayudó a poner nuevamente en agenda una herramienta que permite ampliar el acceso a la vivienda y “le demostró a los argentinos que es un gran producto para acceder a su casa”.
Por su parte, Federico Furiase aclaró que tomó un crédito en el Banco Nación para segunda vivienda y a una tasa más alta. Ante los cuestionamientos sobre una supuesta tercera propiedad, explicó que se trata de una donación del 33% de derechos de usufructo realizada por sus padres y que no reside allí desde 2010, sentenciando que “no se toma como una vivienda, claramente”.
El titular de Finanzas vinculó directamente la vuelta del crédito hipotecario a la “estabilización macroeconómica del Gobierno” iniciada a mediados de 2024, con baja de inflación y tasas de interés, lo que permitió a los bancos extender los plazos de financiamiento.
Furiase explicó además que cambió el destino del crédito bancario: mientras antes el 50% de los activos se destinaba al sector público, hoy ese porcentaje se orienta mayormente a familias y empresas. La controversia incluye a otros funcionarios y legisladores que también accedieron a préstamos UVA, entre ellos Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero, Lorena Villaverde, Juan Pablo Carreira, Sharif Menem, Guillermo Madero, Emiliano Mongilardi y Leandro Massaccesi, este último recientemente desplazado de su cargo en medio de las repercusiones por este tema.
