Las escuelas de todo el país enfrentarán este lunes 3 de agosto una jornada de protesta tras la convocatoria a un paro nacional de 24 horas dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
La medida de fuerza responde al estancamiento de las negociaciones salariales con el Ejecutivo nacional y la negativa oficial de convocar a la Paritaria Nacional Docente, ámbito en el cual el salario mínimo del sector permanece congelado en $ 500.000 desde hace un año. El escenario de tensión sindical, que había registrado una relativa tregua durante el desarrollo del Mundial de Fútbol, se reabre en el inicio de la actividad escolar del segundo semestre.
En forma paralela, los gremios educativos encuadrados en la Confederación General del Trabajo (CGT) pondrán en marcha un plan de acción alternativo que no incluirá huelgas ni suspensión de clases.
La estrategia cegetista contempla jornadas de trabajo a reglamento, clases informativas sobre la coyuntura del sistema educativo dirigidas a los estudiantes, volanteadas, «semaforazos» en esquinas estratégicas y una marcha de cierre hacia la sede del Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.
La nómina detallada de estas medidas será formalizada este lunes a las 14:00 durante una conferencia de prensa en la sede sindical de Azopardo 802.
El Gobierno nacional invoca la Ley 27.802 para exigir un esquema de guardias mínimas
Frente al anuncio del paro, el Ministerio de Capital Humano —a través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social— emitió un comunicado oficial en el que recordó la plena vigencia de la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral. La normativa, aprobada en el marco de las reformas promovidas por el Poder Ejecutivo, establece la declaración de la educación como un servicio público esencial.
Según el artículo 101 de dicha ley, ante la ejecución de medidas de acción directa o huelgas, las entidades sindicales y las autoridades escolares tienen la obligación de garantizar una cobertura mínima equivalente al 75% de la prestación habitual del servicio.
Desde la cartera gubernamental fundamentaron que el objetivo central del plexo normativo es asegurar el funcionamiento operativo de los establecimientos y resguardar el derecho constitucional a aprender de los alumnos en todos los niveles. Asimismo, el texto oficial advierte que el eventual incumplimiento de estos porcentajes de operatividad por parte de los gremios dará lugar a las sanciones legales y administrativas aplicables.
Puntos centrales del reclamo de CTERA y la postura de la CGT
El plan de lucha anunciado por CTERA se fundamenta en la denuncia de un esquema de «ajuste en la educación pública» por parte de la administración central. Dentro del pliego de demandas aprobadas por el congreso del gremio destacan:
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Convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente y recomposición salarial urgente.
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Restitución y cancelación de los giros pendientes del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
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Aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo e incremento de la inversión presupuestaria destinada a infraestructura edilicia, comedores escolares, becas de estudio, conectividad y programas socioeducativos.
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Rechazo definitivo al proyecto de Ley de Libertad Educativa y a eventuales modificaciones sobre el régimen previsional del sector.
