La Oficina Anticorrupción decidió extender el plazo para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes al ejercicio 2025. A través de la Resolución 3/2026, la nueva fecha límite se fijó para el 31 de julio de 2026, otorgando dos meses adicionales respecto al cronograma original. Según el organismo, la prórroga busca facilitar la carga de datos tras las presentaciones de Ganancias y Bienes Personales ante ARCA.
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La medida se oficializa en un contexto de alta sensibilidad judicial para el entorno presidencial, con investigaciones en curso que ponen bajo la lupa la consistencia de los patrimonios declarados por figuras clave del Ejecutivo.
Manuel Adorni: Bajo la lupa de Lijo y Pollicita
Pese al reciente archivo de la causa por el uso del avión presidencial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta un escenario complejo en el expediente por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación, en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar si existe correlación entre sus ingresos declarados y su nivel de gastos, movimientos financieros y propiedades.
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La postura del funcionario: “Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”, sostuvo Adorni, quien además enfatizó que no discutirá sus decisiones económicas privadas en conferencias de prensa.
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Líneas de investigación: La justicia analiza la posible existencia de bienes no declarados, maniobras de lavado de dinero o la recepción de dádivas relacionadas con gastos cubiertos por terceros.
Carlos Frugoni: El "error" de los siete departamentos en Miami
En paralelo, el secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, enfrenta una denuncia en el juzgado de Daniel Rafecas por la omisión de siete departamentos en Miami, adquiridos a través de las sociedades Genova LLC y Waki LLC.
Frugoni admitió públicamente la irregularidad: "Es todo verdad. Cometí un error", señaló, confirmando que se encuentra rectificando sus declaraciones ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción. La denuncia, impulsada por el legislador Facundo Del Gaiso, sostiene que las adquisiciones —realizadas entre 2020 y 2022— superan el millón y medio de dólares.
Impacto de la prórroga y sanciones
El aplazamiento hasta julio brinda un margen administrativo a los funcionarios para ordenar sus presentaciones, aunque no detiene las investigaciones penales ya iniciadas. De comprobarse omisiones maliciosas o inconsistencias insalvables, ambos funcionarios podrían enfrentar sanciones penales y administrativas contempladas en la Ley de Ética Pública.
