En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, el funcionario ordenó nuevas medidas de prueba que apuntan a desentrañar el patrimonio del jefe de Gabinete.
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Pollicita les dio nuevas indicaciones a los contadores de la Procuración que están revisando las cuentas del funcionario y les pidió que el análisis abarque desde el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni asumió en el Gobierno, hasta la actualidad.
El pedido es clave: los contadores deberán identificar las "inconsistencias" que puedan existir en las declaraciones juradas de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, distinguiendo las partidas que cuenten con respaldo suficiente de aquellas que no, o que requieran una explicación adicional.
También deberán señalar si existe un "desbalance patrimonial apreciable". Si los números no cierran, la fiscalía pedirá que el jefe de Gabinete sea intimado a justificar su crecimiento patrimonial.
Pollicita avanza contra Adorni: pidió informes a dos billeteras virtuales y al ARCA
Pero la investigación no se limita a los papeles. Pollicita también ordenó pedidos de informes al country Indio Cuá, donde Adorni compró una propiedad por la que pagó 245.000 dólares en efectivo según la declaración del contratista Matías Tabar.
También pidió datos a ARCA y a dos plataformas vinculadas con criptomonedas: Binance y Lemon Cash. El objetivo es rastrear movimientos de fondos que no hayan sido declarados.
Los contadores de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) tendrán que cruzar todas las fuentes de ingresos acreditadas con la evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y pasivos de Adorni.
Además, deberán analizar los gastos de los que hay registro en el expediente. La idea es tener toda la información antes de la feria judicial de invierno, que comienza el 20 de julio.
El caso se complica. Adorni ya admitió que durante años le ocultó al fisco 500.000 dólares, por los que nunca pagó impuestos. Ahora, la fiscalía quiere saber si hay más fondos no declarados. La investigación por enriquecimiento ilícito avanza lento pero firme. Y Pollicita no parece dispuesto a detenerse.
Si el informe de la DAFI confirma el desbalance, el fiscal avanzará con un pedido de justificación patrimonial. La ley prevé que, si el funcionario tiene un enriquecimiento apreciable y no logra explicarlo, sea llamado a indagatoria.
