Hoy las universidades públicas marchan por quinta vez desde que asumió Javier Milei. Un día antes, el juez federal Martín Cormick le puso una multa de 100.000 pesos diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no cumplir la ley de financiamiento universitario. Escribo esta columna porque cada vez que hay una marcha aparece la misma pregunta, a veces sincera y a veces no: ¿por qué marchan? Quiero responderla con números, no con consignas. Los detalles como siempre los cuento en "Algo salió mal", el stream de Data Diario que va de lunes a jueves de 9 a 11 horas por Youtube.
Lo que dicen los números
El primero es el más grande. Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET, la plata del Estado nacional para educación y cultura cayó 43,2% en 2024, descontada la inflación, y otro 7,9% en 2025. En dos años, 47,7% menos. Argentinos por la Educación, con otra metodología, mide −40,2% solo para 2024. Cambia el decimal; no cambia la historia.
Una parte importante de esa caída tiene nombre: el FONID. El Fondo Nacional de Incentivo Docente era la porción del sueldo que la Nación pagaba a cada maestro y profesor del país desde 1998. Dejó de pagarse a comienzos de 2024. Las provincias quedaron solas con la cuenta, y cada una la resolvió como pudo. Por eso esta no es solo una marcha universitaria: es la parte visible de un recorte que también pasa por las escuelas.
El segundo número es el de las universidades. El Centro de Economía y Desarrollo de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral analizó el Presupuesto 2027 que mandó el Gobierno. Su conclusión: por cada 100 pesos que el sistema universitario tenía en 2023, el año que viene va a tener 73. Sería el cuarto año consecutivo con un recorte de más de 25%. El CEPA llega a una cifra muy parecida: −25,2%. Y la partida de ciencia y técnica de las universidades caería 75,1% entre 2023 y 2027. De cada 100 pesos, quedan 25.
El tercer número lo puso el propio Gobierno. En el expediente judicial, sostiene que ya cumplió con los salarios porque los aumentos acumulan 226,8% desde diciembre de 2023. En ese mismo período, según FEDUN y el CIICTI, la inflación fue de 320%. Con sus propios números, los sueldos universitarios perdieron 22,2% de su poder de compra. Para un jefe de trabajos prácticos, según la UNL, la pérdida llega al 29%.
Una ley que no se cumple
La Ley 27.795 se votó en agosto de 2025. Milei la vetó el 10 de septiembre. Diputados insistió el 17 de septiembre y el Senado el 2 de octubre, los dos con dos tercios. Con esa mayoría, el veto ya no alcanzaba. Entonces el Gobierno la promulgó con el Decreto 759/2025, pero le agregó una condición: que el Congreso dijera de dónde salía la plata. Fue, en la práctica, un veto por otro camino.
La Justicia ya respondió tres veces. En junio, la Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga a pagar salarios y becas según la ley. El 6 de octubre, Cormick declaró inconstitucional la condición del decreto. Y ayer llegó la multa.
Acá está el detalle que más me molesta. Cien mil pesos por día son 36,5 millones en un año. Según la UNL, para cumplir la ley en 2027 hacen falta 9,8 billones y el Presupuesto pone 7,3: faltan 2,5 billones. Un año entero de multa no llega ni al 0,002% de esa diferencia. Mi lectura es simple: hoy, al Gobierno le sale más barato no cumplir la ley que cumplirla. La multa importa porque pone nombre y apellido al incumplimiento, no porque cambie la cuenta.
El Gobierno dice que no hay plata y que la ley costaría más de un billón de pesos. Puede ser una discusión legítima. Pero el Congreso ya la tuvo, dos veces y con dos tercios. Y la Justicia dijo que un decreto no puede suspender una ley. Cuando el Estado decide que no hay plata para la universidad, está eligiendo en qué sí la pone.
La universidad pública es de los pocos lugares donde todavía nos encontramos todos: el hijo del albañil y la hija de la médica, en la misma aula. No marcha para defender un privilegio. Marcha para que se cumpla una ley.
