Mientras la atención pública se centra en el escándalo sobre el jefe de gabinete, Manuel Adorni, el Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, avanza en un profundo ajuste que incluye el cierre de áreas científicas y cambios drásticos en el Plan Remediar, que garantiza el acceso a un gran número de medicamentos a personas de bajos recursos.
La preocupación escaló al ámbito legislativo, donde el diputado Pablo Yedlin presentó un proyecto para manifestar la “profunda preocupación” ante el “incumplimiento, la falta de información pública y la reducción en la provisión y distribución de medicamentos”.
La incertidumbre sobre el programa, se acrecentó tras las denuncias de diversas jurisdicciones. Según la ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, el Gobierno nacional informó en el último Consejo Federal de Salud que el programa finalizaba formalmente el 1° de abril. “Fue un día muy triste porque se trata de una política pública que trascendió a distintos gobiernos nacionales. Nosotros planteamos que si debía modificarse se podía reformular, pero nos respondieron que se trata de una cuestión meramente presupuestaria”, afirmó la funcionaria fueguina.
Reducción de botiquines y delegación de funciones a las provincias
El impacto del ajuste ya se siente en el interior del país. En Santa Fe, un informe de la ministra Silvia Ciancio advirtió que durante 2025 la provincia recibió un 55% menos de tratamientos que el año anterior. “La disminución de esos envíos es tan dramática que en 2025 Nación envió casi 5.000 botiquines menos”, señaló la funcionaria, advirtiendo que la provincia debió reforzar la compra de insumos con recursos propios para cubrir el bache.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación, tras idas y vueltas en la comunicación oficial, se confirmó que “la nueva estrategia hará foco en las enfermedades de mayor prevalencia, el uso eficiente de los recursos y el fortalecimiento del rol jurisdiccional”. Esta nueva línea de cuidado implicaría una reducción drástica del vademécum: de las 79 presentaciones de fármacos actuales se pasaría a un esquema enfocado principalmente en enfermedades cardiovasculares que incluiría solo tres medicamentos, delegando el resto de la responsabilidad operativa y financiera en las provincias.
Desmantelamiento de áreas estratégicas en el Malbrán
En paralelo al ajuste en medicamentos, el Decreto 192/26 oficializó el cierre y fusión de centros de investigación dependientes de la ANLIS-Malbrán. La Mesa Federal de Ciencia y Tecnología denunció que estas medidas afectan al Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-epidemias (CeNDIE), al Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) y al Centro Nacional de Nutrición (CNN).
Según la comunidad, el decreto “avanza con el cierre y fusión... sin transferencias de recursos ni de capacidades operativas, afectando las capacidades en investigación, diagnóstico y producción de biológicos de nuestro país”.
La desaparición del CeNDIE es vista como un golpe crítico a la respuesta territorial frente a enfermedades como el dengue, chagas y leishmaniasis. Los científicos alertaron que, aunque el Gobierno sostenga que las áreas se integran a otras estructuras, “en la práctica esto es falso: la mayoría de los programas y funciones vigentes en ellos quedan discontinuados y huérfanos”. Un caso emblemático es la Unidad Operativa de Vectores en Córdoba, que albergaba uno de los insectarios con mayor biodiversidad de vinchucas en América Latina y que hoy se encuentra “sin funcionamiento efectivo, sin personal asignado para su sostenimiento y mantenimiento”.
Denuncia de un plan sistemático contra el sistema sanitario
Distintos actores del sistema de salud sostienen que estas medidas no son hechos aislados, sino que forman parte de una estrategia deliberada del Ejecutivo nacional, que encabeza el presidente Javier Milei. El comunicado titulado “Menos ciencia es menos salud” enumera una serie de desmantelamientos previos, como la disolución del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET) en Puerto Iguazú y el ajuste sobre el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas a inicios de este año.
Para los especialistas, estas decisiones se inscriben en una “ofensiva sostenida que viene desmantelando de manera sistemática las capacidades del sistema sanitario y científico en nuestro país desde que asumió el gobierno de Milei”. El documento concluye que el cierre de laboratorios públicos, las modificaciones en las leyes de protección a la infancia y el desfinanciamiento en áreas de prevención responden a una orientación política cuyo mandato anunciado es “destruir el Estado”, impactando de lleno en la soberanía sanitaria argentina.
