El expediente judicial por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como principal imputado al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, incorporó un nuevo y comprometedor capítulo vinculado a los movimientos financieros y patrimoniales de su entorno familiar directo.
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Según reveló este martes el periodista Nicolás Wiñazki en el programa televisivo WiFi, la madre del funcionario se mudó recientemente al exclusivo barrio cerrado Fincas de Iraola, ubicado en el sur del conurbano bonaerense, mediante una operación inmobiliaria que incluyó un fuerte desembolso de divisas en efectivo por adelantado.
La documentación exhibida durante la emisión del programa periodístico expone que el contrato de locación no fue registrado bajo el nombre de la madre del ministro, sino que fue suscripto de manera conjunta por un tío de los Adorni —quien se desempeña como gerente en una concesionaria automotriz— y por el propio hermano del jefe de Gabinete, el diputado provincial bonaerense Francisco Adorni.
El esquema financiero del contrato, que ya forma parte de los elementos bajo análisis en la causa penal, detalla las siguientes cifras:
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Monto global del contrato: US$ 26.400 por un plazo de locación de dos años.
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Pago inicial adelantado: US$ 12.000 abonados en efectivo ("cash") al momento de la firma para cubrir de forma anticipada la totalidad del primer año de alquiler.
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Saldo remanente: US$ 14.400 que deberán ser cancelados en un único pago en mayo de 2027.
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Costos fijos mensuales: Los comprobantes presentados en la investigación judicial constatan que el valor de las expensas ordinarias del lote en el barrio privado asciende a $484.000 mensuales.
Facturas bajo la lupa y un exhorto a las empresas
Esta revelación sobre la dinámica económica de su círculo íntimo coincide con una fuerte aceleración de las medidas de prueba dispuestas en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la instrucción de la causa, ordenó en los últimos días una serie de requerimientos informativos para dilucidar el origen de una millonaria compra de bienes.
La justicia posó su mirada sobre una facturación electrónica por un total de $8.183.303 emitida a nombre de una empleada jerárquica de la propia Vocería Presidencial. El rastro de esta transacción mercantil fue detectado originalmente por los peritos tecnológicos al abrir el teléfono celular del contratista Matías Tabar, un peritaje que terminó abriendo una nueva línea de investigación en el expediente del jefe de Gabinete.
A instancias de la fiscalía, el juez federal Ariel Lijo dictó una orden de presentación para que la empresa vendedora aporte de manera perentoria los siguientes registros operacionales:
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El medio de pago exacto utilizado y la fecha en que se canceló la operación.
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La identidad real y el Documento Nacional de Identidad de la persona física que efectuó el desembolso de los fondos.
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El domicilio de entrega de los productos, la identidad de quien firmó el remito de recepción y copias de todas las comunicaciones comerciales o correos electrónicos cruzados entre la firma y la dependencia oficial.
El test de consistencia al "relato cripto" de Adorni
En paralelo al seguimiento de los gastos suntuarios y las mudanzas familiares, el fiscal Pollicita busca desarmar o convalidar el principal argumento de defensa pública que ensayó Manuel Adorni para justificar el salto exponencial de sus activos: su rol como inversor temprano en activos digitales.
El jefe de ministros había afirmado públicamente haber volcado un capital inicial de US$ 200.000 en Bitcoin, maniobra financiera que, según sus declaraciones, le reportó ganancias posteriores por otros US$ 300.000.
Para verificar la trazabilidad y la veracidad cronológica de este argumento, la fiscalía libró un requerimiento formal a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El organismo regulador deberá remitir un informe exhaustivo con el listado y el marco regulatorio de todas las plataformas de intercambio (exchanges), billeteras virtuales y operadores de activos digitales que funcionaron formal e informalmente en la República Argentina desde el año 2012 en adelante. El objetivo de los investigadores es reconstruir la fisonomía y los canales del mercado cripto local en la época señalada por Adorni, buscando inconsistencias entre los flujos de fondos declarados ante la AFIP/ARCA y las operaciones reales de compra de activos descentralizados.
