En las últimas horas, el Juzgado Federal de Pehuajó, dictó una medida cautelar para frenar la eliminación del todos los activos que componen el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), una medida que había sido impulsada por el gobierno de Javier Milei.
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Además, ordenó al Ejecutivo nacional la presentación de un plan de urbanización de los barrios populares, y en caso de no hacerlo podría ser multado.
La cautelar fue dictada a raíz de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se representa a vecinos de barrios populares, que buscan la frenar la eliminación del FISU.
Vale recordar que el FISU, fue creado durante el Gobierno del Frente de Todos, con el fin de impulsar obras de infraestructura en barrios populares de todo el país. Sus fondos provenían del Impuesto PAIS y del Aporte Extraordinario de las grandes fortunas.
La Justicia también le ordena al Estado Nacional que informe en el plazo de tres días "el saldo existente en la cuentas bancarias, inversiones, colocaciones financieras correspondientes al FISU y que identifique la totalidad de los bienes fideicomitidos del mismo, así como la composición de sus recursos según su respectiva fuente de financiamiento".
La medida fue firmada por el juez federal Héctor Andrés Heim que, además de suspender la aplicación de los artículos 1,4,5 y 8 del decreto, instó al Gobierno a cumplir con lo dispuesto en una resolución anterior, de noviembre de 2024, que pedía presentar un plan de continuidad del proyecto.
El CELS afirma en un comunicado, que son más de 5 millones de familias las que viven en los 6.467 barrios populares de Argentina, de acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Según las declaraciones de algunos funcionarios, el Gobierno piensa utilizar esos fondos para otros fines.
