La Justicia le dio un nuevo revés al gobierno de Javier Milei. El juez federal Martín Cormick, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, ordenó al Ejecutivo cumplir de inmediato con la Ley de Financiamiento Universitario.
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El fallo se da tras una demanda presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el Decreto 759/2025, que promulgó la Ley 27.795 pero suspendió su aplicación efectiva hasta que el Congreso determinara cómo financiarla.
Cormick consideró que, luego de que el veto presidencial fuera rechazado por el Congreso, el Ejecutivo debía implementar la ley ya que el proceso legislativo "no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley". En otras palabras: la ley está vigente y el gobierno tiene que cumplirla.
La UBA reclamó que el decreto del gobierno era "un fraude constitucional". Y el juez le dio la razón.
El magistrado fue contundente. Señaló que el incumplimiento de la ley produce "perjuicios graves de imposible reparación ulterior, teniendo en cuenta el deterioro de los ingresos del colectivo afectado".
También remarcó que la cautelar no afecta al interés público y que "la falta de cumplimiento de la ley afectaría el derecho a enseñar y aprender" establecidos en la Constitución Nacional.
El fallo también apuntó contra el argumento fiscal del gobierno. El juez destacó que el impacto de la medida es del 0,23% del PBI, y que "dicha cifra representaría un ahorro poco significativo para el presupuesto global de gastos de la administración pública".
Es decir, el gobierno de Milei se niega a cumplir una ley por un porcentaje mínimo del presupuesto, mientras las universidades públicas se desangran.
La disposición del magistrado se da en el marco de una demanda realizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para reclamar que el Ejecutivo cumpla con el acta firmada el 10 de junio, en la que se estableció que se iba a transferir a las universidades nacionales los fondos necesarios para aplicar un aumento salarial del 24,33%.
Tras la firma de este acuerdo, el Gobierno manifestó que la firma de este acuerdo dejaba sin efecto una cautelar solicitada anteriormente. Pero el juez no le creyó: "El Estado Nacional no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente que refiere habrían alcanzado los acuerdos".
El gobierno de Milei insiste en que el ajuste es el único camino. Pero la Justicia le recordó que las leyes no se negocian, se cumplen. Y que la educación pública no es un gasto, es un derecho.
