El Poder Ejecutivo Nacional formalizó este lunes el ingreso al Congreso del proyecto para modificar la Ley de Salud Mental (N° 26.657). El texto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y los ministros de Salud y Justicia, propone cambios en 26 artículos de la norma actual, además de reformas en el Código Civil y Comercial y en la ley de prevención de la tortura.
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El eje central de la iniciativa oficial busca facilitar el proceso de internación involuntaria ante situaciones de riesgo. Según informó el Ministerio de Salud tras presentarlo ante el Consejo Federal de Salud (Cofesa), el supuesto objetivo es evitar desenlaces trágicos (homicidios o suicidios) derivados de la imposibilidad de intervenir a tiempo debido a los actuales obstáculos normativos.
Cambios terminológicos y criterios de riesgo
El proyecto introduce modificaciones conceptuales que, según especialistas, tienen un impacto directo en la práctica clínica:
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De "padecimiento" a "trastorno": Se reemplaza toda referencia a “padecimiento mental” por los términos “afección o trastorno de salud mental”.
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Redefinición del riesgo: El concepto de "riesgo cierto e inminente" —eje de la ley vigente desde hace 15 años— se sustituye por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”, tanto para el paciente como para terceros.
Esta modificación busca eliminar la necesidad de que la "tragedia sea inminente" para permitir la intervención médica. El presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP), Ricardo Corral, celebró el cambio al señalar que "negar la intervención en crisis bajo un garantismo mal entendido es una forma de abandono".
El rol de los psiquiatras y la red de atención
La reforma otorga un mayor peso a la figura del médico psiquiatra dentro del equipo interdisciplinario. Si bien se mantiene la excepcionalidad de la internación involuntaria, el proyecto establece que al menos uno de los profesionales que determine dicha medida debe ser obligatoriamente un psiquiatra, buscando devolver "racionalidad clínica" al proceso.
Otros puntos destacados de la propuesta incluyen:
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Establecimientos especializados: A diferencia de la ley actual que promovía la desmanicomialización total, este proyecto contempla la integración de establecimientos especializados a la red de atención.
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Registro de Internados: Se propone la creación de un registro actualizado y reservado de personas internadas por salud mental y consumos problemáticos, eliminando la obligatoriedad del censo cada dos años.
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Órgano de Revisión: Se recortan funciones de este cuerpo, que ya no podrá realizar presentaciones ante el Consejo de la Magistratura para evaluar la conducta de jueces, y se modifica su integración priorizando a asociaciones de familiares y profesionales sobre organizaciones de derechos humanos.
Debate y posiciones encontradas
El ingreso del proyecto reavivó una disputa histórica entre distintos sectores del sistema de salud. Por un lado, algunos profesionales de hospitales especializados consideran que la reforma permitirá intervenciones más oportunas. Por otro lado, exfuncionarios y expertos como Luciano Grasso y Hugo Cohen advierten sobre un posible "retroceso alarmante".
Las críticas de los sectores opositores a la reforma se centran en:
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Falta de financiamiento: Sostienen que el problema no es la ley, sino que nunca se asignó el presupuesto necesario para los dispositivos comunitarios.
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Modelo asistencial: Advierten que habilitar hospitales monovalentes y centralizar la decisión en los psiquiatras podría dificultar el acceso en zonas alejadas donde faltan especialistas.
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Brecha de atención: Estiman que entre el 70% y 80% de la población que necesita cuidados de salud mental hoy no accede a tratamiento, independientemente de la letra de la ley.
El proyecto deberá ahora ser girado a las comisiones del Senado, donde se anticipa un debate intenso que buscará saldar la brecha entre la "teoría de los escritorios" y la "realidad de las guardias", en un país que demanda respuestas urgentes ante el crecimiento de los trastornos mentales y los consumos problemáticos.
