La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia volvió a poner al consultor político en el centro de la escena. Y con su regreso a la agenda nacional también reaparecieron antecedentes que lo conectan con Santa Cruz, empresas que pasaron por su entorno y contratos millonarios con el Estado provincial durante la gestión de Claudio Vidal.
La pregunta incómoda para el gobernador es inevitable: ¿Cómo terminó una empresa vinculada al entorno empresarial de uno de los operadores políticos más conocidos del universo libertario recibiendo contratos para custodiar hospitales públicos santacruceños?
La documentación disponible no permite afirmar que Cerimedo sea propietario de la firma ni que haya cobrado personalmente dinero del Estado. Pero sí existe un recorrido societario y empresarial que merece explicaciones.
Se trata de National Security Enterprise SRL (NSE), una compañía constituida originalmente en Buenos Aires que tuvo entre sus integrantes iniciales a Natalia Belén Basil, entonces esposa de Cerimedo. La firma desembarcó en Río Gallegos y terminó incorporándose como proveedora del Estado provincial.
Según investigaciones periodísticas, comenzó a prestar servicios de seguridad en el Hospital Regional de Río Gallegos y otros establecimientos sanitarios mediante una contratación que inicialmente superó los 115 millones de pesos mensuales. Posteriormente, distintos reportes ubicaron la facturación mensual cerca de los 180 millones de pesos.
De la órbita de Cerimedo a los hospitales de Santa Cruz
El dato que vuelve a poner el foco sobre Vidal es la velocidad con la que NSE logró posicionarse dentro del esquema de seguridad hospitalaria de Santa Cruz.
La empresa había sido creada en 2022 y, de acuerdo con investigaciones periodísticas, tenía domicilio original en la Ciudad de Buenos Aires. Natalia Basil aparece vinculada a su estructura y en 2024 se produjeron modificaciones en la composición societaria de la compañía.
Después llegó Santa Cruz.
El Gobierno de Vidal contrató a la compañía para brindar seguridad en el Hospital Regional de Río Gallegos y establecimientos del interior. La contratación generó cuestionamientos por tratarse de una firma extraprovincial y por el mecanismo utilizado.
De hecho, un proyecto presentado en la Legislatura santacruceña pidió explicaciones sobre el procedimiento y señaló que el monto informado, superior a los 115 millones de pesos, excedía los márgenes establecidos para una contratación directa según la normativa provincial.
La polémica no quedó solamente en el terreno político. Investigaciones periodísticas posteriores sumaron cuestionamientos vinculados con la situación previsional de la empresa y otros aspectos de su funcionamiento.
Más recientemente, una investigación del medio local Confidencial volvió sobre la trama y señaló que la firma había llegado a facturar cerca de 180 millones de pesos mensuales. El informe también reconstruyó cambios posteriores en la composición societaria de la empresa.
El Gobierno de Santa Cruz, por su parte, defendió el esquema de contratación y sostuvo que no se trataba de una contratación directa en los términos cuestionados.
Pero la discusión sobre el mecanismo, los montos y el origen de la firma sigue abierta.
El otro capítulo: Cerimedo y Santa Cruz Puede
La historia no termina en los hospitales.
En septiembre de 2025, OPI Santa Cruz publicó una investigación que ubicó al propio Cerimedo en la provincia y sostuvo, a partir de fuentes vinculadas con Santa Cruz Puede SAU, que el consultor habría actuado como enlace entre proyectos de la empresa estatal y potenciales inversores extraprovinciales.
El dato es especialmente relevante porque Santa Cruz Puede fue creada durante la gestión de Vidal como una empresa estatal destinada al desarrollo productivo y estratégico de la provincia.
Según OPI, fuentes relacionadas con la compañía le atribuyeron a Cerimedo un papel en la vinculación de inversiones. El medio no señaló que el consultor ocupara un cargo formal dentro del Gobierno provincial o de Santa Cruz Puede.
Y ahí aparece una diferencia clave entre los dos episodios.
En el caso de National Security Enterprise existe un recorrido societario documentado que conecta a la empresa con el entorno personal y empresarial de Cerimedo y, posteriormente, con contratos del Estado santacruceño.
En el caso de Santa Cruz Puede, lo publicado hasta ahora es una investigación periodística basada en fuentes que le atribuyeron al consultor un determinado rol en la búsqueda de inversores.
Son situaciones distintas. Pero juntas conforman un mapa de relaciones que vuelve a poner a Santa Cruz en el recorrido empresarial y político de Cerimedo.
Vidal y las preguntas incómodas
El problema político para Vidal no es solamente el nombre de Cerimedo.
El punto es que una empresa vinculada inicialmente con su entorno empresarial terminó cobrando cifras millonarias del Estado provincial mientras la administración santacruceña estaba bajo su conducción.
Eso no demuestra por sí mismo una irregularidad ni mucho menos un delito. Pero sí plantea preguntas que una administración que maneja recursos públicos debería poder responder con documentación.
¿Cómo llegó National Security Enterprise a prestar servicios en los hospitales santacruceños? ¿Quién recomendó a la compañía? ¿Cómo se evaluó su experiencia? ¿Por qué una empresa creada fuera de Santa Cruz terminó ocupando un lugar dentro de un servicio estratégico del sistema sanitario? ¿Cómo se establecieron los montos? ¿Qué procedimiento administrativo se utilizó?
Y, sobre todo: ¿qué sabía Vidal sobre los vínculos que rodeaban a la compañía cuando el Estado provincial comenzó a contratarla?
La propia Legislatura provincial llegó a pedir información sobre la contratación, mientras que investigaciones posteriores sumaron nuevos elementos sobre la firma.
Una trama que vuelve a escena
La detención de Cerimedo en Bolivia, ocurrida en el marco de una investigación judicial por un ataque contra la abogada Nadia Beller, funciona como disparador para revisar sus vínculos políticos y empresariales. Esa causa boliviana es independiente de los negocios y contrataciones santacruceñas.
Pero el episodio volvió a poner bajo la lupa un recorrido que ya había sido investigado en la provincia.
Por un lado, una empresa que tuvo a Natalia Basil —entonces esposa de Cerimedo— dentro de su estructura inicial terminó como proveedora del Estado santacruceño por montos millonarios.
Por otro, una investigación periodística ubicó al propio Cerimedo en gestiones vinculadas con posibles inversiones de una empresa estatal creada durante la gestión de Vidal.
El punto no es afirmar que Cerimedo manejó los contratos de Santa Cruz. La documentación disponible no permite sostenerlo.
El punto es otro: las conexiones empresariales existen, los contratos existieron y el dinero público también.
Y frente a esa combinación, el gobernador Vidal tiene una tarea incómoda: explicar con precisión cómo se construyeron esos vínculos, quién abrió las puertas del Estado provincial y bajo qué condiciones se concretaron negocios por cifras millonarias.
Porque cuando se trata de recursos públicos, no alcanza con negar. Hay que mostrar los papeles.
