El Poder Ejecutivo Nacional formalizó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la creación, mediante el Decreto 942/2025, de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Esta nueva estructura funcionará bajo la órbita directa del Ministerio de Salud, completando un proceso de centralización orgánica y funcional que busca integrar las políticas del área a la red asistencial nacional. La medida se fundamenta en el proceso de intervención dispuesto previamente por el Decreto 601/25, cuyo objetivo principal fue promover una reorganización que responda a los principios de "transparencia, igualdad en el trato, eficacia y eficiencia" en la administración de los recursos destinados a este sector.
La decisión de elevar las funciones de la ex-ANDIS al rango de secretaría ministerial surge tras las conclusiones de un "Informe final de intervención" donde se detectaron fallas estructurales críticas. El Gobierno señaló la existencia de un ecosistema tecnológico fragmentado y sistemas inconexos que carecen de estándares comunes e interoperabilidad. Según el diagnóstico oficial, esta desarticulación técnica afectó directamente la gestión de instrumentos fundamentales como el Certificado Único de Discapacidad (CUD), las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y el Programa Federal Incluir Salud, derivando en inconsistencias de datos y dificultades para realizar un seguimiento efectivo de las trayectorias de vida de los beneficiarios.
Auditoría de recursos e irregularidades en el área de salud
Más allá de las deficiencias tecnológicas, la auditoría expuso "irregularidades de gravedad en las contrataciones y en la gestión de gastos vinculados a insumos médicos, equipamientos y dispositivos de alta complejidad". Estas anomalías se localizaron con especial énfasis en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Ante este panorama, el Ejecutivo consideró indispensable la incorporación de la nueva Secretaría al organigrama del Ministerio de Salud para unificar el control de los procesos de compra y la asignación de recursos sanitarios destinados a las personas con discapacidad, eliminando la duplicación de tareas administrativas.
Prórroga de la emergencia sanitaria hasta finales de 2026
Como medida complementaria y estratégica dentro del mismo decreto, el Gobierno dispuso la extensión de la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta prórroga tiene como objetivo dotar al Ministerio de Salud y a sus entes descentralizados de herramientas de gestión ágiles que permitan cumplir con los objetivos de la transición institucional. La fundamentación de la norma advierte que el cese de la emergencia, sin mecanismos de compensación adecuados, representaría un "riesgo inmediato para la continuidad de los servicios de salud", afectando el acceso de la población a la atención sanitaria y generando potenciales daños irreversibles en la red de asistencia pública.
