La Secretaría de Transporte de la Nación oficializó este martes la Resolución 28/2026, una normativa que deja sin efecto de manera definitiva el esquema de compensaciones económicas estatales destinado a las empresas de micros que otorgan pasajes gratuitos a personas con discapacidad, trasplantados y pacientes amparados por la Ley de Oncopediatría.
Te puede interesar
La medida del Poder Ejecutivo generó una inmediata reacción del sector empresarial, agrupado en la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI). Desde la entidad denunciaron que la quita de los subsidios se implementó en medio de un severo e histórico incumplimiento financiero por parte del propio Estado nacional y en el marco de un expediente que ya se encuentra bajo una fuerte disputa en los tribunales federales.
Desregulación, deudas acumuladas y un fallo judicial adverso para el Estado
El eje del conflicto radica en la contradicción regulatoria que enfrenta el sector desde fines de 2024. Las compañías de transporte recordaron que los servicios de larga distancia dejaron de ser catalogados formalmente como un servicio público a partir de la desregulación total del mercado instrumentada mediante el Decreto 883/2024.
Sin embargo, a pesar de operar bajo las leyes del libre mercado, las firmas comerciales siguen obligadas por leyes nacionales preexistentes a garantizar la gratuidad de los boletos. Desde CELADI puntualizaron las siguientes inconsistencias operativas del sistema:
-
Corte de giros: Las empresas aseguran que el último pago de compensación emitido por las oficinas de transporte corresponde a noviembre de 2024.
-
Carga financiera: El sector privado absorbió los costos operativos para seguir entregando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos al año sin recibir ningún auxilio fiscal por parte de la actual administración.
-
Monto total: Las estimaciones de las cámaras de transporte indican que la deuda histórica no consolidada que el Estado mantiene con el sector supera actualmente los $27.000 millones.
La tensión escaló a niveles críticos el pasado 18 de mayo, cuando un Juzgado Federal emitió una resolución de fondo en la que declaró de manera formal el incumplimiento de las obligaciones contractuales y financieras del Estado nacional.
En ese mismo dictamen, la justicia civil y comercial aprobó una primera liquidación de deuda por un total de $8.753 millones, cifra que corresponde únicamente al bache presupuestario auditado entre noviembre de 2024 y abril de 2025. El resto de los períodos posteriores continúan bajo análisis contable dentro del mismo expediente de Comodoro Py.
Inconsistencia de mercado y la ratificación del derecho de los usuarios
Los directores de las principales compañías de transporte terrestre aclararon de manera taxativa en su comunicado que el sector privado no pone en discusión, bajo ningún aspecto, la legitimidad y el derecho social que asiste a las personas con discapacidad y pacientes de salud a viajar de forma gratuita por el país.
Sin embargo, catalogaron el accionar de la Secretaría de Transporte como una maniobra "inconsistente". Argumentan que resulta jurídica y financieramente inviable que el Gobierno desregule la actividad y elimine las obligaciones estatales de fomento pero, al mismo tiempo, pretenda transferir en un 100% el costo de una política pública de asistencia social al balance contable de firmas comerciales privadas.
Por su parte, desde la Casa Rosada y la cartera de Transporte ratificaron la plena vigencia de los derechos de los usuarios. El Ejecutivo emitió una aclaración pública donde asegura que todas las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la credencial oficial del INCUCAI o que estén registradas como pacientes oncológicos pediátricos seguirán teniendo garantizado el acceso irrestricto a los pasajes gratuitos en todas las unidades de larga distancia del país, independientemente de la eliminación final del fondo compensador y de las demandas de quiebra presentadas por las prestatarias del servicio.
