Un amplio y transversal bloque de 100 organizaciones de la sociedad civil formalizó la presentación de un documento de advertencia ante el Senado de la Nación de cara al tratamiento en el recinto de dos iniciativas clave impulsadas por el Poder Ejecutivo: el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la nueva ley denominada "Súper RIGI".
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Las entidades denunciaron que ambas propuestas no constituyen reformas aisladas ni independientes, sino que funcionan de manera articulada como "dos llaves de la misma cerradura" con el propósito de desarticular los mecanismos de control estatal sobre los bienes comunes estratégicos del país.
Según argumentaron los colectivos firmantes, la ingeniería normativa proyectada configura un "traje a medida" orientado a la creación de enclaves productivos y extractivos en el territorio nacional.
En el análisis presentado a los legisladores, las ONG hicieron especial énfasis en el impacto sobre la Región Patagónica, señalando que la combinación de extensas reservas de agua dulce, minerales estratégicos, potencial energético y condiciones climáticas de frío extremo constituyen los insumos centrales requeridos por la infraestructura de procesamiento de datos de gigantes tecnológicos y empresas de inteligencia artificial que el "Súper RIGI" busca atraer.
Costos fiscales, pérdida de ingresos provinciales y el mecanismo de tres pasos
Las organizaciones alertaron a los integrantes de la Cámara Alta sobre el costo político, tributario y federal que acarrearía la eventual aprobación de este paquete legislativo. En tal sentido, remarcaron que el esquema normativo implica una renuncia estructural por parte de los estados provinciales a la percepción de tributos locales fundamentales como los impuestos a los Ingresos Brutos y al Sello, al tiempo que desfinancia el sistema previsional sin garantizar la creación de empleo masivo ni esquemas de compensación económica.
En el documento técnico remitido al Parlamento, las ONG revelaron que la propuesta del Gobierno responde a una mecánica secuencial diseñada en tres pasos operativos para facilitar la apropiación de recursos y territorios:
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La Inviolabilidad saca el techo: El proyecto vacía de contenido la Ley de Tierras Rurales vigente, suprimiendo de forma definitiva el límite del 15% fijado para la extranjerización de tierras, los topes máximos de hectáreas por titular y la prohibición estricta de adquirir predios que contengan o sean ribereños a cuerpos de agua dulce permanentes, tales como ríos y lagos.
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La Ley de Sociedades borra el rastro: De manera complementaria, la modificación del régimen de sociedades permite que la adquisición de los inmuebles se concrete mediante corporaciones extranjeras u opacas sin la exigencia de balances contables, impidiendo la identificación de los beneficiarios finales de las operaciones.
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El Súper RIGI blinda y neutraliza: Finalmente, el régimen especial otorga a las corporaciones beneficiarias un blindaje con 30 años de estabilidad fiscal y aduanera, neutralizando la capacidad de fiscalización del Estado y habilitando el recurso de demanda contra la Argentina ante tribunales arbitrales internacionales como el CIADI.
Citas textuales de los referentes de las organizaciones civiles
Diversos representantes y especialistas de las ONG participantes fundamentaron su postura institucional y exigieron el rechazo parlamentario de las dos normas en forma simultánea:
Micaela Sánchez Malcolm, representante de la organización Géneras, sostuvo: “la imagen es precisa y alarmante: primero se entrega la tierra, el agua, la energía y los datos; y en simultáneo se le vendan los ojos a las instancias que deberían vigilar. La Ley de Sociedades borra el rastro de quién compra, y el Súper RIGI blinda el negocio por tres décadas. No son reformas aisladas, es una arquitectura diseñada para el saqueo".
A su turno, Luciana Ghiotto, integrante del Transnational Institute, expresó: "el senador que apruebe esto estará cediendo la jurisdicción de su propia provincia por treinta años y convalidando una doble delegación inconstitucional. Las Provincias y el Estado Nacional tendrán las manos atadas para hacer cumplir regulaciones laborales, medioambientales o de derechos humanos en general, porque el Súper RIGI otorga 30 años de estabilidad regulatoria para las corporaciones que entren al régimen. Cualquier cambio en la legislación puede provocar una avalancha de demandas multimillonarias en el CIADI”.
En el mismo sentido, Lucas Micheloud, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), afirmó: “la reforma a la ley de tierras forma parte de un programa de remate de la Argentina, junto al Super RIGI, la modificación a la Ley de Sociedades y el resto de las iniciativas de desregulación diseñadas para remover los límites que protegen nuestros territorios y allanar el camino a los nuevos poderes globales: grandes fondos de inversión, corporaciones extractivas y magnates tecnológicos como Peter Thiel o Elon Musk. En plena crisis climática y disputa geopolítica por la tierra, el agua y la energía, renunciar a quién controla la tierra es renunciar a la soberanía y legitimar una nueva forma de colonialismo en el siglo XXI”.
Por su parte, Ernesto Alonso, Secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM), manifestó: "Existe una contradicción insalvable, no podemos defender la soberanía de los territorios usurpados por Gran Bretaña en el Atlántico Sur y promover una ley de entrega del territorio continental. Milei está llevando a cabo un plan sistemático de entrega para dejar a los 48 millones de argentinos mirando con la ñata contra el vidrio como se desintegra el territorio nacional. La justicia nos dió la razón, es inconstitucional. La soberanía es un bien tutelable".
Asimismo, Florencia Gómez, especialista del CEPPAS, declaró: “La derogación de la Ley de Tierras es una pieza vital del engranaje normativo que impulsa el gobierno, basado en quita de derechos y pérdida de soberanía. Derogarla además, implica perder los datos dominiales y catastrales sobre la tierra, el control sobre activos estratégicos y favorecer la opacidad de las operaciones financieras sobre la tierra. Reniegan de cualquier forma de participación ciudadana y política de transparencia”.
Convocatoria a movilización frente al Congreso para el 6 de agosto
Ante el inicio del debate en el Recinto del Senado estipulado para el 6 de agosto, las organizaciones convocaron formalmente a la ciudadanía a participar de una movilización nacional frente al Congreso de la Nación para exigir el rechazo incondicional del paquete de reformas.
En el cierre del escrito presentado a los legisladores de todas las bancadas, los colectivos ratificaron que el rechazo debe ser integral: "Rechazar uno y aprobar el otro dejaría la cerradura a medio cerrar: la fuerza de la defensa nacional está en rechazar los dos".
