La Federación de Centros Barriales Familia Grande Hogar de Cristo, presidida por el presbítero José María “Padre Pepe” Di Paola, emitió un comunicado de prensa para manifestar su satisfacción tras la medida cautelar que dictó la suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires. La resolución, dictada por la jueza Marta Elba Pascual (Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora), respondió al hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la organización religiosa y social.
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Desde la entidad destacaron que la decisión de la Justicia bonaerense no aborda la discusión legislativa en abstracto, sino que atiende a la inviabilidad material de alojar a menores de 14 y 15 años en institutos y dispositivos que registran serias deficiencias operativas y de infraestructura.
Fundamentos del hábeas corpus, audiencia citada y trayectoria del Padre Pepe
El pronunciamiento de la organización enfatiza la necesidad de adecuar los centros de contención estatales antes de avanzar con el ingreso de adolescentes de menor edad al circuito punitivo.
Respecto de los argumentos centrales del fallo, la citación de funcionarios provinciales y el perfil del referente de la Iglesia, se destacan los siguientes datos centrales:
En relación con los argumentos del hábeas corpus preventivo, la Federación precisó que la incorporación de chicos de 14 y 15 años provocaría una sobrepoblación en institutos que “no cuentan con la infraestructura edilicia, educativa y profesional necesaria para sostener los estándares mínimos que exige la normativa vigente”. La entidad remarcó que la aplicación inmediata del esquema en el contexto actual “puede derivar en una afectación de derechos básicos de los adolescentes alojados allí”.
En cuanto a la convocatoria a las autoridades provinciales, el tribunal fijó una audiencia para el próximo 16 de septiembre, en la que los titulares de las carteras de Seguridad, Justicia y Niñez de la provincia de Buenos Aires deberán presentar un plan de adecuación con medidas concretas y plazos para adaptar las instalaciones existentes. La Federación manifestó su intención de “aportar información y trabajo conjunto en la construcción de condiciones dignas para los adolescentes que atraviesan el sistema penal juvenil”.
Sobre la trayectoria de José María Di Paola, el sacerdote de 64 años —nacido en Burzaco y ordenado en 1987— es una de las figuras emblemáticas del clero villero en la Argentina:
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Paso por la Villa 21-24: En 1997, el entonces arzobispo Jorge Bergoglio lo destinó a Barracas, donde ejerció su labor pastoral durante 14 años.
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Denuncia al narcotráfico: En 2009 suscribió un documento junto a 18 sacerdotes denunciando el avance de las redes narco en barrios populares, sufriendo amenazas que motivaron su traslado temporal a Santiago del Estero.
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Creación del Hogar de Cristo: Fundó el primer centro en 2008 con respaldo de Bergoglio bajo la consigna “Ningún pibe menos por la droga”, red que hoy supera los 200 dispositivos de contención comunitaria en todo el país.
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Coordinación y reinserción: Actualmente coordina la Comisión Nacional de Pastoral de las Adicciones y en junio de 2025 firmó un convenio marco con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal para la revinculación social de liberados.
Exigencia de infraestructura adecuada antes de la aplicación de la ley
La intervención de la Federación que encabeza el Padre Pepe pone de relieve el desfase entre la sanción de normativas penales de menor edad y la capacidad operativa real de los institutos de menores en el territorio bonaerense.
El período de suspensión de 60 días obligará a las autoridades provinciales a certificar ante la Justicia la existencia de espacios y equipos profesionales multidisciplinarios aptos para garantizar la contención integral de los jóvenes sin vulnerar sus derechos fundamentales.
