El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) cargó este miércoles contra la Corte Suprema de Justicia al presentar una cuestión de privilegio en el recinto de la Cámara baja. Denunció que el máximo tribunal mantuvo “cajoneado” durante más de tres años el expediente de extradición de Federico “Fred” Machado, empresario argentino requerido por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos.
“La dirigencia política tuvo los recaudos para que el narco no entre en esta casa. Tenemos que trabajar para que tampoco entre en el Poder Judicial argentino”, afirmó Valdés, en un discurso que apuntó de lleno contra los cuatro ministros de la Corte.
Según precisó el diputado, el expediente ingresó al tribunal en junio de 2022, el procurador interino Eduardo Casal dictaminó en abril de 2023, pero la resolución de la Corte recién llegó en octubre de 2025, luego de que el caso tomara estado público.
“Durante tres años y cuatro meses la Corte incumplió sus obligaciones internacionales y demoró un pedido de extradición por narcotráfico”, subrayó.
Incumplimiento de convenciones internacionales
Para Valdés, la actuación del máximo tribunal “constituye un caso de mal desempeño” y un incumplimiento de las Convenciones de la ONU contra el Tráfico de Drogas y contra la Delincuencia Organizada Transnacional, al haber paralizado un expediente sensible que involucraba delitos graves de alcance internacional.
“Queremos saber cuántos expedientes de Fred Machado tiene cajoneada la Corte, para que la Justicia no sea como la serpiente que solo ataca a quienes tienen los pies descalzos”, lanzó el diputado.
El legislador también advirtió sobre la “posible comisión de delitos en el ejercicio de las funciones” de los jueces del máximo tribunal y sostuvo que la Corte “solo actuó cuando la exposición mediática la obligó”, comprometiendo la independencia judicial y “erosionando la confianza ciudadana en las instituciones”.
El planteo de Valdés se suma a una larga serie de cuestionamientos de Unión por la Patria y sectores del sindicalismo y los organismos de derechos humanos hacia la Corte, a la que acusan de operar con discrecionalidad política, proteger intereses corporativos y demorar fallos de alto impacto institucional.
