La persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner y sus consecuencias sobre el sistema democrático argentino comenzaron a formar parte de una discusión internacional que excede las fronteras del país. Así lo planteó la diputada nacional de Unión por la Patria y consejera de la Magistratura, Vanesa Siley, durante una entrevista con Javier “El Profe” Romero en el programa Algo salió mal, el stream de Data Diario, en el marco de la gira de la comitiva internacional del Comité Cristina Libre por Estados Unidos.
En una de las definiciones centrales de la conversación, Siley sostuvo que en ámbitos políticos, académicos y de derechos humanos estadounidenses comienza a comprenderse que el lawfare no debe analizarse exclusivamente como una cuestión de corrupción, sino como una herramienta de disputa económica y política. “En EE.UU. están empezando a entender que la persecución judicial o lawfare no es un tema de corrupción, sino un plan estratégico de los grupos económicos”, afirmó.
Y profundizó su interpretación sobre el papel de los tribunales en los procesos de persecución contra dirigentes populares: “Es el brazo ejecutor que reemplaza a las fuerzas armadas para implementar políticas económicas neoliberales”.
La legisladora vinculó esa estrategia con los procesos políticos atravesados por distintos países de América Latina y señaló que existe un interés creciente por analizar comparativamente los casos de Argentina y Brasil. En ese sentido, anticipó que uno de los encuentros de la delegación tendría lugar en The New School, una universidad de Nueva York, donde se abordaría el uso del aparato judicial como soporte estatal para la proscripción de referentes populares y progresistas.
El reclamo ante la ONU y el derecho a elegir y ser elegido
Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la presentación realizada por Cristina Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que cuestiona las consecuencias de su condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Siley destacó el interés que despierta el planteo entre especialistas internacionales y mencionó particularmente los antecedentes de Colombia y Lituania, donde, según explicó, existen precedentes contrarios a la inhabilitación perpetua de una persona para someterse al voto popular.
“Todo el reclamo de Cristina en el Comité de Derechos Humanos de la ONU y los precedentes contra la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos despiertan mucho interés”, señaló durante la entrevista.
Para la diputada, la discusión excede la situación individual de la expresidenta y compromete garantías fundamentales de cualquier sistema democrático. “Ahí se juega el sistema democrático y la posibilidad de elegir y ser elegido”, remarcó.
La consejera de la Magistratura también describió el trabajo que la comitiva viene desarrollando con representantes políticos y organizaciones internacionales. Entre las actividades mencionó reuniones con sectores socialistas democráticos, referentes del Partido Demócrata y especialistas en derechos humanos, además de un encuentro con juristas encabezados por Juan Méndez en la Facultad de Derecho de la Universidad Americana.
En paralelo, contó que mantuvieron conversaciones con representantes de la Confederación Sindical Internacional, entre ellos Alex Campbell, con quien analizaron el impacto de las políticas económicas y laborales en Argentina y Estados Unidos.
“Compartíamos con ellos la situación del trabajo en Argentina y en Estados Unidos, que sigue la misma suerte”, explicó Siley. También vinculó el escenario de persecución política con las transformaciones regresivas en materia laboral que, según su análisis, se profundizaron en el país después de la detención de Cristina Kirchner.
La comparación con Brasil y el papel del Poder Judicial
Durante el diálogo con Romero, también apareció la experiencia brasileña y el proceso judicial que atravesó Luiz Inácio Lula da Silva, cuya condena fue posteriormente anulada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
El conductor planteó el paralelismo entre ambos países y recordó cómo la persecución judicial contra dirigentes del progresismo latinoamericano terminó condicionando la competencia política. Siley coincidió en la importancia de analizar esos procesos en conjunto.
“Para el sistema académico y de derechos humanos hay mucho interés en el análisis conjunto por la aplicación similar del Poder Judicial como soporte estatal para la proscripción de líderes populares”, sostuvo.
La diputada también mencionó el escenario político regional y las expresiones de derecha representadas por Jair Bolsonaro, Javier Milei y Donald Trump, en un contexto que, según su interpretación, genera respuestas y resistencias de distintos sectores sociales.
En esa línea, relató que la delegación mantuvo reuniones con Jimena Sánchez Garzoli, representante de WOLA para América Latina, para abordar las similitudes entre los impactos de las políticas públicas sobre los sectores vulnerables y los trabajadores.
También mencionó el contacto con jóvenes latinoamericanos organizados frente a las políticas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE), en defensa del derecho de los hijos de trabajadores a asistir a la escuela sin temor a ser deportados.
La referencia a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo
Hacia el cierre de la entrevista, Siley explicó que el objetivo de la gira es ampliar la visibilidad internacional del reclamo por la situación judicial de Cristina Kirchner, ante lo que considera la falta de respuestas de las instituciones argentinas.
La legisladora comparó esa estrategia con el recorrido histórico de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que acudieron a organismos y espacios internacionales para denunciar los crímenes de la última dictadura cívico-militar y reclamar por sus familiares desaparecidos.
“Ese es el objetivo de todos los compañeros del Comité Cristina Libre: clarificar en el mundo cuando en nuestro país no hay justicia, tal como hicieron en su momento las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo buscando apoyo internacional”, expresó.
Y concluyó: “Esa es la misión que tenemos en Washington y Nueva York”.
La entrevista con Romero dejó así planteado uno de los principales argumentos que la delegación busca instalar durante su recorrido: que la situación judicial de Cristina Kirchner no sea abordada solamente como un expediente penal, sino también como una discusión sobre derechos políticos, funcionamiento de las instituciones democráticas y el papel del Poder Judicial en los procesos de transformación económica y social de América Latina.
