Las familias sanluiseñas con deudas de consumo en mora podrán acceder a nuevas alternativas de refinanciación mediante el Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar, que este martes recibió la aprobación definitiva del Senado provincial. La iniciativa enviada por el gobernador Claudio Poggi combina herramientas para reorganizar los pagos de los hogares con beneficios destinados a promover las compras locales. Su implementación dependerá de la reglamentación y de la adhesión de las entidades crediticias.
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Qué condiciones tendrán las refinanciaciones
El programa de Desendeudamiento Familiar comprende a personas que acrediten al menos dos años ininterrumpidos de domicilio en San Luis y registren deudas de consumo con más de tres meses de mora al momento de sancionarse la ley. Los montos alcanzados quedarán sujetos a la reglamentación. Las entidades adheridas deberán ofrecer un mínimo de 24 meses para la amortización y al menos dos meses de gracia, con una tasa que no podrá superar en más de diez puntos porcentuales la TAMAR, publicada por el Banco Central.
La norma establece que la cuota no podrá exceder el 30% de los ingresos del grupo familiar y prohíbe sumar gastos administrativos, comisiones u honorarios adicionales a la refinanciación. También permite reunir obligaciones de distintas entidades en un único plan de pago y contempla incorporar deudas por servicios públicos de competencia provincial, como Edesal, según lo que disponga la reglamentación. Durante el debate, el senador Martín Olivero aclaró que el Estado no pagará las deudas particulares, sino que utilizará herramientas fiscales para favorecer acuerdos con mejores condiciones.
Beneficios para impulsar las compras en comercios locales
Para promover la participación de las entidades, la Provincia podrá otorgar exenciones en Ingresos Brutos y Sellos sobre las operaciones que cumplan los requisitos del programa. El segundo componente, de Incentivo al Consumo Familiar, habilita la presentación de propuestas de descuentos, reintegros y promociones en comercios sanluiseños. Las entidades participantes podrán recibir un crédito fiscal equivalente al 25% de los beneficios efectivamente otorgados a los consumidores.
Olivero sostuvo que reducir el peso de las cuotas permitiría a las familias disponer de una mayor parte de sus ingresos para gastos cotidianos, con impacto en almacenes, supermercados, farmacias y otros negocios de la provincia. El legislador señaló que muchos hogares recurren al crédito para cubrir necesidades esenciales y consideró que la ley puede ayudar a ordenar sus cuentas, aunque reconoció que no resuelve por sí sola las dificultades económicas de los sanluiseños.
