Claudio Poggi firmó este jueves el proyecto de adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil de San Luis, durante un plenario que reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El gobernador también suscribió el decreto de homologación del contrato para refaccionar instalaciones de la CANAF y el llamado a licitación para adquirir seis vehículos no identificables, destinados al traslado de adolescentes.
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Un procedimiento específico para adolescentes
La secretaria de Legal y Técnica, Natalia Carranza, explicó que la iniciativa define cómo se aplicará el régimen nacional en la provincia. El texto contempla defensa técnica, derecho a ser escuchado y comprensión del proceso, además de medidas para evitar demoras y restricciones desproporcionadas. Durante los paneles, autoridades judiciales remarcaron que la privación de la libertad debe ser excepcional y que las intervenciones deben atender la condición de los adolescentes como personas en desarrollo.
El procurador general, Eduardo Cadelago Filippi, informó que el Ministerio Público Fiscal estableció un protocolo de actuación, mientras que la defensora general, Marcela Torres Cappiello, destacó las garantías del debido proceso. Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, sostuvo que el ingreso al sistema penal no interrumpe los derechos a la educación, la salud y los vínculos familiares, y planteó que la preparación para el egreso debe comenzar desde el primer día.
Refacciones, movilidad y formación del personal
La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, anunció intervenciones en edificios de San Luis, Villa Mercedes y Concarán, donde se reconvertirán celdas en habitaciones y se incorporarán espacios para equipos técnicos, asistencia social y psicología. Los seis vehículos se distribuirán entre las dependencias de esas localidades y las de Buena Esperanza, San Francisco/Quines y Villa de Merlo. Contarán con vidrios antivandálicos, monitoreo y posicionamiento conectado al 911.
La planificación incluye una capacitación obligatoria de 100 horas para el personal de la CANAF, prevista entre marzo y mayo de 2027, y contenidos específicos en la formación policial y penitenciaria. Para ese año también se proyecta construir un Instituto Penal de Alojamiento Juvenil en un sector del Servicio Penitenciario Provincial, con ingreso independiente. Según explicó Sosa, la intención es disponer de un establecimiento adecuado y evitar traslados de adolescentes a otras provincias.
