Un basural clandestino que operaba de manera ilegal en Funes fue clausurado por orden de la Justicia, luego de una investigación conjunta entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). El operativo puso fin a una actividad que se mantenía pese a reiteradas intimaciones oficiales y derivó en la imputación de dos personas vinculadas con la administración del predio.
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La causa comenzó a tomar forma durante 2025, cuando inspectores provinciales detectaron que en el lugar se realizaba la disposición y acumulación irregular de residuos. A pesar de las sucesivas advertencias para que cesara la actividad, el predio continuó funcionando, por lo que el Ministerio presentó una denuncia penal en marzo de este año.
A partir de esa presentación, la investigación avanzó con allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Organismo de Investigaciones del MPA. Durante los procedimientos, la Justicia constató la presencia de distintos tipos de residuos depositados sin autorización y ordenó medidas para impedir que el lugar siguiera operando.
La definición llegó a fines de junio, cuando el Tribunal Unipersonal del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia del Distrito Judicial N.º 2 dispuso la clausura definitiva del basural, ubicado a la vera de la Ruta Provincial N.º 34-S. Además, ordenó la intervención de los bomberos de Rosario y Funes para extinguir los focos de incendio existentes y requirió a la Municipalidad el cierre de los accesos al predio.
El ministro Enrique Estévez recordó que el terreno nunca estuvo habilitado para recibir residuos. "El destino declarado fue el uso y goce de la comunidad. Desde nuestra área nunca se autorizó la disposición de ningún tipo de residuos en el lugar, ni se recibieron trámites para habilitar esa actividad", afirmó. También destacó el trabajo coordinado con el MPA para fortalecer los controles y avanzar sobre este tipo de prácticas que generan un fuerte impacto ambiental.
Desde la Provincia señalaron que las irregularidades en el lugar no eran nuevas. Las primeras constataciones se remontan a 2019, cuando comenzaron a detectarse ingresos de camiones volcadores, movimientos de maquinaria sin autorización y quema clandestina de residuos. Según recordaron desde el Ministerio, este tipo de actividades infringe la legislación ambiental vigente y habilita tanto sanciones administrativas como acciones judiciales para proteger el ambiente y la salud pública.
