El Gobierno de Santa Fe salió al cruce de un fallo judicial que declaró nulo un allanamiento realizado tras una balacera ocurrida en Rosario y defendió el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación criminal. La controversia se originó luego de que una jueza de Menores invalidara un procedimiento llevado adelante por la Policía de Investigaciones (PDI) mediante la modalidad de flagrancia virtual.
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El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 19 de junio en la zona sur de Rosario. Según la reconstrucción oficial, dos personas que se movilizaban en bicicleta partieron desde una vivienda ubicada en España al 7000, se dirigieron hasta un domicilio de Entre Ríos al 6200 y efectuaron varios disparos contra el inmueble. Tras el ataque, regresaron al punto de partida.
A partir del análisis de imágenes obtenidas por cámaras de videovigilancia e integradas al sistema de inteligencia artificial Lince, la PDI logró reconstruir el recorrido de los sospechosos en pocas horas y concretó un allanamiento en el domicilio desde donde habrían salido. Durante el procedimiento fue aprehendido un adolescente de 17 años, quien quedó a disposición de la Justicia de Menores.
Sin embargo, posteriormente la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena resolvió declarar nulo e inválido el allanamiento, una decisión que generó un fuerte cuestionamiento por parte de la administración provincial.
La vocera del Gobierno santafesino, Virginia Coudannes, defendió la utilización de la flagrancia virtual y remarcó que se trata de una herramienta prevista dentro del marco legal vigente. “El trabajo de investigación llevó apenas 12 horas. Pudimos identificar a los implicados y detenerlos después de una balacera que pudo haber terminado con una persona asesinada”, sostuvo.
La funcionaria también destacó las inversiones realizadas por la Provincia en materia de seguridad, tecnología y capacidad investigativa. En ese sentido, afirmó que existe un fuerte compromiso para combatir el delito y recuperar la tranquilidad en los barrios más afectados por la violencia.
“Hay un gobernador que invierte millones en tecnología, patrulleros y en fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las fuerzas de seguridad, mientras una jueza, desde una mirada garantista, desconoce un procedimiento previsto en un protocolo vigente”, cuestionó Coudannes.
La crítica más contundente llegó al referirse al fallo judicial. “Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a sus casas”, expresó la vocera, quien además sostuvo que la resolución pone en discusión herramientas que forman parte de la estrategia provincial para prevenir delitos y fortalecer la convivencia ciudadana.
