El Gobierno de Santa Fe puso en marcha un nuevo esquema para el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Públicas, con el objetivo de agilizar los trámites de inscripción, habilitación y participación de empresas en licitaciones públicas.
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La medida fue oficializada mediante el decreto 1173, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro, y busca adecuar el funcionamiento del registro a la Ley de Gobernanza de Datos, promoviendo una mayor digitalización de los procedimientos administrativos.
Entre los principales cambios, se establece que todos los trámites deberán realizarse de manera digital a través de la Plataforma Digital provincial, utilizando la Identidad Ciudadana y sistemas de firma digital o firma electrónica. La presentación de documentación en formato papel solo podrá solicitarse de manera excepcional y deberá incorporarse posteriormente al soporte digital.
La nueva normativa incorpora además el principio de "Una sola vez", que impide al Estado exigir documentos, certificados o información que ya obren en poder de organismos provinciales. De esta manera, se busca evitar duplicaciones y reducir cargas burocráticas para los contratistas.
Según explicaron desde el Ejecutivo santafesino, el nuevo reglamento apunta a facilitar la participación de empresas en los procesos licitatorios y eliminar obstáculos administrativos que dificultaban el acceso a las contrataciones públicas.
En ese marco, también se eliminaron las figuras de "capacidades técnicas" y "capacidades técnicas por especialidad", además de flexibilizar algunos requisitos vinculados a la acreditación de profesionales y antecedentes para la determinación de capacidades empresariales.
La reglamentación quedó estructurada en seis capítulos que abarcan aspectos vinculados a inscripción, calificación, determinación de capacidades, deberes de las reparticiones contratantes, régimen sancionatorio y facultades delegadas al Ministerio de Obras Públicas.
El Registro de Licitadores también será responsable de instruir sumarios administrativos ante posibles incumplimientos. La normativa garantiza el derecho de defensa de los presuntos infractores y prevé sanciones graduadas según la gravedad de la falta, los antecedentes y el perjuicio ocasionado.
