En la antesala del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, la Legislatura de Santa Fe aprobó la incorporación de la Quinta de Funes al sistema de sitios de memoria provinciales, mediante una modificación de la Ley N° 13.528.
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La iniciativa establece que el predio será preservado y formará parte de las políticas públicas de memoria, junto a otros espacios vinculados al terrorismo de Estado en la provincia.
En paralelo, el Gobierno provincial anunció que el próximo miércoles se realizará la licitación de las obras de puesta en valor, con el objetivo de recuperar el lugar y consolidarlo como espacio de memoria y reflexión.
La Quinta de Funes, ubicada sobre la Ruta Nacional 9, funcionó entre 1977 y 1978 como centro clandestino de detención, tortura y exterminio, bajo la órbita del aparato represivo de la última dictadura.
En ese lugar estuvieron cautivas 17 personas, en su mayoría militantes políticos, y solo se registró un sobreviviente, cuyo testimonio fue clave en los juicios de lesa humanidad.
El reconocimiento del sitio tuvo antecedentes en 2012, cuando fue declarado espacio de memoria municipal, y en 2016, con la sanción de la ley provincial que dispuso su expropiación.
Sin embargo, el predio atravesó años de deterioro y vandalización, lo que puso en riesgo su conservación, hasta que en 2024 comenzó un proceso de recuperación impulsado por organismos de derechos humanos, el Estado y la comunidad local.
Con la nueva incorporación a la ley, se busca garantizar un funcionamiento institucional y sostenido, con participación de organismos públicos, universidades y organizaciones sociales, fortaleciendo una política integral de memoria en la provincia.
La votación contó con 38 votos a favor y 8 abstenciones en Diputados, mientras que en el Senado el respaldo fue unánime, en un debate atravesado por distintas miradas sobre el 24 de marzo.
