La Legislatura de Santa Fe sancionó una ley que incorpora la salud mental, los riesgos psicosociales y los consumos problemáticos a las políticas de prevención en los lugares de trabajo. La normativa amplía las funciones de los Comités de Salud y Seguridad existentes en la provincia.
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La medida alcanza a empresas privadas y organismos públicos con más de 50 empleados, según explicó el diputado Ariel Bermúdez, uno de sus impulsores junto con Silvana Di Stefano. El objetivo es detectar situaciones de riesgo, intervenir y realizar un seguimiento de los trabajadores afectados.
La ley contempla la elaboración de protocolos de actuación ante padecimientos de salud mental, consumos problemáticos y situaciones de vulnerabilidad. También incluye las conductas vinculadas con el juego, como la ludopatía, dentro de los problemas que podrán abordarse mediante esos mecanismos.
El Ministerio de Trabajo participará en los procedimientos y deberá preservarse la confidencialidad de la información. El enfoque busca que la detección de una situación no derive automáticamente en una sanción o en la pérdida del empleo, sino que permita activar instancias de orientación, asistencia y acompañamiento.
Prevención antes que sanción
Santa Fe ya contaba con políticas sobre consumos problemáticos dentro de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo. La nueva legislación amplía ese abordaje al incorporar expresamente la salud mental y los factores psicosociales que pueden afectar a los trabajadores.
La norma parte de considerar que estas situaciones pueden repercutir tanto en la persona como en su entorno laboral. Entre las posibles consecuencias se encuentran los accidentes, el ausentismo y las dificultades en el desempeño, especialmente en determinadas actividades.
La reglamentación deberá establecer cómo se implementarán los tratamientos y qué participación tendrán los empleadores, las obras sociales, las aseguradoras de riesgos del trabajo y las organizaciones especializadas. También deberá precisar el funcionamiento de las campañas de prevención y concientización dentro de empresas y organismos.
Los autores de la iniciativa sostienen que la detección temprana permitirá reducir riesgos y evitar que un problema de salud mental o una adicción termine afectando la continuidad laboral. La aplicación concreta de esas herramientas dependerá ahora de la reglamentación de la ley.
