La perito forense Virginia Creimer declaró este jueves en el marco de la causa impulsada por el fiscal Santiago Ulpiano Martínez y dejó fuertes cuestionamientos sobre el accionar judicial en la investigación derivada del caso Facundo Astudillo Castro. Durante su extensa indagatoria, la especialista sostuvo que la acusación en su contra carece de sustento jurídico y evidenció, según señalaron desde su defensa, un profundo desconocimiento por parte del fiscal respecto de los protocolos internacionales aplicables a investigaciones sobre desapariciones de personas.
La exposición de Creimer se produjo en un contexto de creciente preocupación de organismos de derechos humanos, sectores académicos y especialistas forenses, que siguen de cerca el desarrollo del expediente. “La comunidad académica nacional e internacional está siguiendo el caso con atención”, sostuvo uno de sus abogados tras la audiencia, y explicó que la defensa viene remitiendo información y novedades judiciales a distintos foros especializados.
El caso vuelve además a colocar bajo la lupa al fiscal Ulpiano Martínez, uno de los funcionarios judiciales más cuestionados de Bahía Blanca. Su actuación en la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro ya había sido objeto de fuertes críticas por parte de organismos de derechos humanos, sectores políticos y la propia familia del joven, que cuestionaron el rumbo de la pesquisa y denunciaron irregularidades en el tratamiento de distintas hipótesis vinculadas al accionar policial.
Críticas al fiscal y defensa de los protocolos internacionales
Durante su declaración, Creimer cuestionó especialmente la interpretación realizada por Ulpiano Martínez respecto de su actuación pericial en el destacamento de Teniente Origone, durante la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.
La médica explicó que la exhaustividad en la revisión de escenas y evidencias no constituye una irregularidad sino una obligación derivada de los estándares internacionales de investigación forense. En ese sentido, citó expresamente el Protocolo de Minnesota de Naciones Unidas sobre investigación de muertes potencialmente ilícitas, utilizado internacionalmente en casos complejos y de presuntas desapariciones forzadas.
“La minuciosidad que se me recrimina no es un delito sino una competencia que surge del estudio y aplicación permanente de todos los protocolos de investigación forenses”, afirmó.
En varios tramos de su presentación, Creimer sostuvo que tanto el fiscal como sectores de la justicia interviniente demostraron desconocimiento sobre los procedimientos técnicos que rigen este tipo de investigaciones. Incluso calificó de “absurda e ignorante” la hipótesis acusatoria construida en su contra.
Uno de sus abogados resumió el planteo de la defensa con dureza: “Fue una exposición muy contundente. Le explicó a Ulpiano Martínez los fundamentos del derecho y de la práctica forense aplicables a este tipo de casos”.
El temor por un precedente contra peritos
Más allá del caso puntual, la preocupación central de la defensa apunta al precedente que podría abrirse si prosperan acusaciones de falso testimonio contra peritos por diferencias de criterio técnico o interpretaciones científicas en causas judiciales.
Según advirtieron los abogados de Creimer, avanzar en esa dirección podría afectar seriamente la seguridad jurídica y abrir la puerta a cuestionamientos sobre pericias realizadas en múltiples investigaciones, con consecuencias potenciales sobre juicios y sentencias ya dictadas.
En esa línea, sostienen que la judicialización de opiniones periciales podría derivar incluso en futuras responsabilidades internacionales para el Estado argentino ante tribunales y organismos de derechos humanos.
La propia Creimer alertó en su escrito sobre “un peligroso agravio circense” y aseguró que distintos organismos observan el caso “con preocupación”.
Trayectoria profesional y denuncias de persecución
A lo largo de su declaración, la médica forense repasó además su trayectoria profesional en causas de alto impacto vinculadas a violencia institucional, torturas, desapariciones y derechos humanos.
Recordó su intervención en expedientes emblemáticos como los de Luciano Arruga, Franco Casco, Carlos Orellano y distintos casos de muertes en custodia, además de su participación en investigaciones internacionales sobre femicidios y violencia estatal.
También denunció haber sufrido amenazas y persecuciones por sus intervenciones periciales en causas sensibles, incluyendo presentaciones judiciales promovidas por el represor Miguel Etchecolatz luego de que integrara juntas médicas que determinaron que el genocida podía permanecer detenido en cárcel común.
En uno de los tramos más duros de su exposición, Creimer cuestionó que Ulpiano Martínez la haya hecho declarar previamente en el juicio contra Marcos Herrero mientras, según afirmó, ya la estaba investigando, situación que consideró violatoria de garantías constitucionales básicas.
“La única subjetividad que presenta esta causa es la interpretación de pretendidas pruebas y confabulaciones inexistentes”, sostuvo la perito en el cierre de su declaración.
La causa continúa generando repercusiones en ámbitos judiciales, académicos y de derechos humanos, donde crece la preocupación por las implicancias institucionales que podría tener una avanzada penal contra especialistas forenses por el contenido de sus intervenciones técnicas.
