La industria láctea argentina no para de sumar capítulos negros. Primero fue SanCor, que quebró. Después, La Serenísima empezó a mostrar signos de agotamiento.
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Y desde hace ya bastante tiempo, y con distintas etapas, se está viendo afectada Lácteos Verónica, una empresa con plantas en Suardi, Lehmann y Clason, todas en Santa Fe.
La firma lleva cuatro meses sin pagar los salarios completos a sus 700 empleados. También acumula una deuda bancaria que supera los 14.000 millones de pesos, según registros del Banco Central. Y los cheques sin fondos ya son 3.887.
Las tres plantas están paralizadas. No hay producción. No hay ingresos. Los trabajadores, que ya no cobran sus haberes completos, también perdieron la obra social y los aportes jubilatorios.
Sin salarios, sin producción, sin respuestas: el derrumbe de Lácteos Verónica
La empresa, según denuncian, cortó todo. Los 150 productores de leche que entregaban materia prima a Lácteos Verónica también están en la lona. Se estima que la deuda con ellos ronda los 60 millones de dólares.
El intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, fue contundente. Dijo que el vaciamiento no fue una casualidad, sino un plan: “Con el diario del lunes, creo que fue una empresa que estuvo programando esto para salir lo más ileso posible, pero jodiendo a mucha gente en el camino”, aseguró Gastaldi en declaraciones a LT9.
El jefe comunal también reveló que los dueños de Lácteos Verónica, la familia Espiñeira, rechazaron ofertas de compra de sus plantas. Una de ellas, de la firma Bresialat, ofrecía el valor real de tasación. Los Espiñeira dijeron que no: “Si no vendieron antes sin conflicto, ¿por qué lo harían ahora? La vía es exigir la venta o avanzar hacia una expropiación por el término de dos años bajo una forma de alquiler”, planteó Gastaldi.
La Justicia, el único camino
El intendente participó de una reunión con otros jefes comunales, senadores provinciales y el ministro de Trabajo de Santa Fe. Allí se definió centralizar todas las denuncias penales en una sola causa judicial.
Los participantes coincidieron en que hay elementos suficientes para avanzar con firmeza en la Justicia penal. También anticiparon que buscarán acceder a los movimientos financieros de la firma.
La sospecha es que los propietarios desviaron sistemáticamente capitales hacia otra empresa, Becerra, también de su propiedad. Gastaldi y los otros intendentes quieren sentar bases jurídicas para que, en el futuro, el Estado pueda expropiar la empresa y que las plantas vuelvan a funcionar.
