La médica forense Virginia Creimer deberá presentarse este jueves 28 de mayo ante el Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca para prestar declaración indagatoria en una causa por presunto “falso testimonio” que ella misma denuncia como un expediente “armado” y atravesado por una larga secuencia de hostigamiento judicial.
La audiencia estará encabezada por el juez federal Walter López Da Silva y tiene como principal impulsor al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, una figura históricamente cuestionada por organismos de derechos humanos, querellas y referentes judiciales por su actuación en causas sensibles vinculadas al terrorismo de Estado y a la violencia institucional.
La causa contra Creimer se desprende del expediente que terminó con la condena del perito Marcos Herrero y fue iniciada a partir de un oficio remitido por el fiscal del Tribunal Oral Federal para que se investigara a la médica.
Pero alrededor de la imputación se fue construyendo un escenario mucho más amplio: denuncias de persecución, recusaciones, acusaciones de pérdida de objetividad y una creciente tensión política y judicial alrededor del rol de Ulpiano Martínez.
El fiscal que divide aguas en Bahía Blanca
El nombre de Santiago Ulpiano Martínez arrastra cuestionamientos desde hace años. Su trayectoria judicial comenzó durante la última dictadura y organismos de derechos humanos lo acusaron reiteradamente de obstaculizar investigaciones por delitos de lesa humanidad, favorecer a represores y garantizar impunidad en expedientes sensibles de Bahía Blanca.
En 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, su designación como fiscal federal fue fuertemente resistida por organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales, HIJOS y asociaciones de derechos humanos de Bahía Blanca.
Las impugnaciones señalaban que, como juez subrogante, Martínez había frenado avances en causas contra represores y civiles vinculados a la dictadura, entre ellos el empresario periodístico Vicente Massot. También le atribuían haberse negado a investigar delitos sexuales cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.
Incluso el juez Alejo Ramos Padilla describió años atrás un escenario de “desorden, desidia y atraso” al asumir el juzgado que había sido subrogado por Martínez. Según distintas denuncias públicas, allí se encontraron armas, explosivos, droga y expedientes paralizados.
Su rol en la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro también generó fuertes críticas de la querella y de organismos de derechos humanos, que lo acusaron de favorecer líneas de investigación funcionales a la Policía Bonaerense.
“No queremos terminar en una violencia institucional y mediática”
Ese trasfondo es central para entender el conflicto actual con Creimer.
Durante la audiencia de recusación realizada el 1° de abril, la defensa de la médica acusó al fiscal de haber perdido toda objetividad y de impulsar una “estrategia de persecución” vinculada al expediente Astudillo Castro.
“No queremos terminar en una violencia institucional y mediática”, advirtió el abogado Oscar Rodríguez ante el juzgado.
La defensa sostuvo además que la investigación contra la médica presenta “una construcción circular” y carece de una pesquisa independiente.
Creimer, por su parte, afirmó que ya durante el juicio contra Herrero sintió que ella misma estaba siendo investigada y hostigada por el Ministerio Público Fiscal. Según consta en la resolución judicial, aseguró que incluso tuvo que transmitirle esa preocupación al tribunal oral durante el debate.
La recusación rechazada y la pelea por las costas
El juez López Da Silva finalmente rechazó el pedido para apartar a Ulpiano Martínez al considerar que no existían pruebas suficientes de “enemistad manifiesta” ni pérdida de objetividad.
Sin embargo, el magistrado también rechazó el pedido del fiscal para imponerle las costas judiciales a Creimer y a su defensa. En la resolución sostuvo que podían haber tenido “una razón plausible para litigar”.
Ese punto terminó abriendo otro foco de conflicto.
Según consta en el expediente, Ulpiano Martínez apeló la decisión para insistir con el cobro de costas contra la médica.
El juez volvió a rechazar la presentación y consideró improcedente el recurso del fiscal porque la discusión sobre costas no afectaba el fondo de la causa penal.
En el entorno de Creimer interpretan esa insistencia como una muestra más de animosidad personal y de una ofensiva judicial que, según denuncian, busca desgastar profesional y públicamente a la médica forense.
Mientras tanto, este jueves, Creimer deberá volver a sentarse frente al mismo sistema judicial al que lleva años denunciando por persecución y connivencia con sectores del poder.
