Después de más de dos meses sin poder salir de Brasil, finalmente Agostina Páez recibió una noticia clave: la Justicia le permitió regresar a la Argentina.
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La decisión fue tomada por un tribunal de Río de Janeiro, que este lunes le concedió un habeas corpus y habilitó su salida del país, aunque con condiciones.
Para poder volver, la abogada deberá pagar una fianza de 97 mil reales, lo que equivale aproximadamente a 18 mil dólares.
Recién después de cumplir con ese requisito se empezarán a definir los pasos para su regreso.
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Liberan a Agostina Páez en Brasil: podrá regresar al país tras pagar una fianza
Entre las medidas que se levantarán, se encuentra la tobillera electrónica que llevaba y la retención de su pasaporte, que le será devuelto una vez completado el trámite.
El juez tenía la posibilidad de esperar a los alegatos finales previstos para los próximos días, pero decidió avanzar ahora y concederle el beneficio.
De todos modos, la situación judicial de Páez no está cerrada. Al no haber una sentencia definitiva, deberá fijar un domicilio y mantenerse en contacto permanente con la Justicia brasileña.
Así, el caso empieza a encaminarse hacia una nueva etapa, después de semanas marcadas por la incertidumbre y las denuncias sobre su situación en Brasil.
Agostina Páez podrá volver al país luego de una audiencia en donde pidió perdón a las víctimas
Tras permanecer retenida en Río de Janeiro desde enero pasado, la situación procesal de la argentina Agostina Páez dio un vuelco favorable este martes. Durante una audiencia clave, la Justicia brasileña aceptó reducir las acusaciones en su contra, permitiendo que la joven regrese al país una vez que se formalice la fianza.
Aunque inicialmente enfrentaba una posible pena de hasta 15 años de prisión por tres denuncias de injuria racial, la Fiscalía unificó el caso y acordó una pena menor que no implica privación de la libertad.
Reducción de cargos y reparación a las víctimas
La resolución llegó luego de que la defensa, liderada por la abogada Carla Junqueira, lograra que la Fiscalía considerara el episodio como un solo delito continuado.
Según explicó la letrada, “la Fiscalía la redujo a una con una pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios en Argentina y pago de reparación a las víctimas”. El juez a cargo deberá definir en los próximos días el monto de la caución pecuniaria para que Páez pueda recuperar su pasaporte y dejar de utilizar la tobillera electrónica que le fue impuesta tras los incidentes en un bar de Ipanema.
Durante la audiencia, la imputada tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal y a los denunciantes. “Si Dios quiere, en días puedo volver a la Argentina. Al juez le dije la verdad, todo lo que ha pasado; les he pedido perdón a las supuestas víctimas", declaró Páez a la salida del juzgado, calificando el proceso como “la peor experiencia de mi vida”. Por su parte, la abogada destacó que “la fiscal mencionó claramente que había pedido disculpas y había entendido lo que significa el racismo en Brasil”, un factor determinante para destrabar el conflicto judicial.
Soberanía judicial y asistencia consular
El caso puso de relieve los límites de la intervención diplomática en procesos penales extranjeros. Al haber ocurrido los hechos en territorio brasileño, la justicia de ese país mantuvo la competencia exclusiva, impidiendo que el gobierno argentino interfiriera en la investigación o forzara su retorno.
La asistencia del Consulado en Río de Janeiro se limitó a garantizar el debido proceso y la defensa legal, acompañando a la joven en la audiencia de este martes pero respetando la soberanía judicial de Brasil.
A pesar del alivio por el fallo, Agostina Páez manifestó que aún se siente vulnerable hasta no cruzar la frontera. “Me siento aliviada, pero hasta que no esté en Argentina no voy a estar en paz. Voy a seguir encerrada porque he seguido siendo amenazada. Que esta resolución no quita que no me puedan hacer algo”, expresó, reflejando el temor por las repercusiones que el video viralizado tuvo en la opinión pública local. Se espera que en un plazo de tres días, una vez cancelada la multa y la fianza, la joven pueda finalmente regresar a su casa.