La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, mediante los cuales el Poder Ejecutivo había eliminado la supervisión estatal sobre los valores de la medicina prepaga. Con esta resolución, el máximo tribunal ordenó que la Superintendencia de Servicios de Salud recupere sus atribuciones legales para revisar, fiscalizar y autorizar los aumentos de los planes médicos.
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El fallo —firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— constituye el primer pronunciamiento de fondo en el que la Corte invalida tramos del megadecreto dictado en diciembre de 2023. La causa llegó al tribunal tras los recursos extraordinarios interpuestos tanto por la empresa de medicina prepaga demandada como por el Estado Nacional, y proyecta un fuerte impacto judicial y económico: sienta precedente directo para unas 500 causas análogas pendientes en el máximo tribunal, además de abrir un nuevo escenario para litigios en todo el país y eventuales reclamos de restitución por parte de afiliados que abonaron aumentos desregulados.
El regreso de la fiscalización estatal, pero sin tope automático por IPC
Los artículos invalidados habían derogado y modificado disposiciones de la Ley 26.682, suprimiendo el control previo de la autoridad de aplicación sobre las tarifas del sector. A partir de la sentencia:
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Restitución de facultades regulatorias: La Superintendencia de Servicios de Salud deberá volver a examinar las modificaciones tarifarias, garantizar su razonabilidad y autorizar incrementos únicamente cuando se encuentren respaldados en variaciones de la estructura de costos y un cálculo actuarial razonable de los riesgos.
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Revocación del techo inflacionario: En un matiz relevante, la Corte revocó el tramo de la sentencia de Cámara (La Plata) que ordenaba atar los aumentos al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El máximo tribunal aclaró que no corresponde fijar un tope automático vinculado a la inflación, sino restituir el esquema de fiscalización técnica previsto por la ley vigente antes del decreto.
Los fundamentos constitucionales: ausencia de urgencia y doctrina “Cencosud”
Al analizar la validez formal y sustancial de la norma, los jueces remarcaron que la Constitución Nacional solo habilita al Poder Ejecutivo a ejercer facultades legislativas bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad, es decir, cuando resulte imposible seguir el trámite ordinario de sanción de leyes en el Congreso o exista una urgencia incompatible con esos plazos.
Apoyándose en la doctrina ratificada el pasado 13 de agosto en el precedente “Cencosud”, la Corte señaló que los considerandos del DNU 70/23 no aportaron una justificación mínima que acreditara circunstancias excepcionales para liberar los precios de la salud privada. En ese sentido, determinó que:
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La mera invocación de una “crisis del sistema de salud” o la intención de “aumentar la competitividad” no configuran una urgencia constitucional suficiente ni demuestran un vínculo concreto entre la emergencia declarada y la eliminación del control estatal.
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Los criterios de conveniencia o celeridad del Ejecutivo no habilitan a eludir el debate parlamentario mediante un decreto.
Finalmente, el tribunal precisó que su pronunciamiento se circunscribe estrictamente a los artículos 267 y 269, sin emitir opinión sobre la constitucionalidad del resto del DNU 70/2023.