El sistema de atención primaria de la mayor obra social de la Argentina ingresó en una fase de conflicto gremial y operativo. Médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios a los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) comenzaron este lunes un paro nacional de actividades por 72 horas.
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La medida de fuerza, que se extenderá de forma corrida hasta el próximo miércoles inclusive, tiene como eje central el reclamo por una recomposición presupuestaria urgente ante lo que denuncian como un severo deterioro en los honorarios profesionales.
La protesta, articulada bajo las consignas "Honorarios justos = atención de calidad" y "Defendamos la salud de nuestros adultos mayores", busca visibilizar la pérdida del poder adquisitivo de los prestadores de cartilla.
Los profesionales advierten que los valores de las cápitas vigentes resultan insuficientes para solventar los costos fijos de mantenimiento de los consultorios privados —insumos médicos, alquileres, servicios y bioseguridad—, lo que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones básicas para la tercera edad.
La brecha de costos: atraso del 102% frente a subas de un dígito
El núcleo de la controversia sectorial radica en la distancia entre la inflación de costos médicos y las actualizaciones otorgadas por la obra social. Las entidades que representan a los profesionales de la salud exponen un escenario de asfixia financiera estructurado bajo las siguientes variables:
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Atraso arancelario: Los prestadores denuncian un desfasaje consolidado del 102% en los valores de las prestaciones en comparación con el índice de costos operativos.
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Pauta oficial: Las actualizaciones proyectadas por la obra social central para los meses de junio y julio de 2026 se fijaron en un 1,9% mensual.
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Diferimiento en el cobro: Los profesionales cuestionaron que dichos incrementos marginales recién se verán reflejados de manera efectiva en las liquidaciones correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2026, profundizando la pérdida financiera por el factor temporal.
Si bien los profesionales reconocen que las autoridades de la obra social admitieron la existencia de la problemática en diversas mesas técnicas de negociación, evaluaron que los paliativos administrativos adoptados hasta la fecha resultan completamente estériles frente a la magnitud del atraso acumulado.
La postura oficial: suba por cápita y "adhesión limitada"
En contraposición al diagnóstico gremial, la conducción de la obra social buscó relativizar el impacto de la huelga en la atención diaria. Voceros oficiales del organismo aseguraron que los canales de diálogo y negociación paritaria con las distintas entidades del sector de salud permanecen abiertos, con el objetivo de encauzar un acuerdo que equilibre las condiciones de los prestadores sin comprometer el equilibrio financiero del PAMI.
Monitoreo local: la situación en la región de La Plata
En el plano regional, las autoridades de la UGL (Unidad de Gestión Local) de La Plata salieron a llevar tranquilidad a los jubilados y pensionados de la capital bonaerense y distritos vecinos, afirmando que el nivel de acatamiento a la medida de fuerza en la zona es marginal.
"La medida tiene una adhesión limitada. La mayoría de los profesionales continúa prestando servicios con normalidad en toda la Unidad de Gestión Local", detallaron fuentes de PAMI La Plata en diálogo con los medios locales.
Asimismo, desde el organismo previsional remarcaron la vigencia de medidas de alivio recientes, detallando que se dispuso un incremento en el valor de la cápita fija asignada a los médicos de cabecera. La misma se elevó de $2.100 a $2.400 por afiliado, aplicando una cláusula de retroactividad al mes de mayo. Con este argumento, las delegaciones oficiales ratificaron que el derecho a la atención médica de los jubilados se encuentra formalmente garantizado en las guardias y consultorios habilitados de la red.
