Este miércoles, se llevó adelante en las inmediaciones del Congreso Nacional, un nuevo reclamo del colectivo que agrupa organizaciones y organismos que agrupan a personas con discapacidad. En concreto fueron para exigir que se declare la Emergencia Nacional en Discapacidad.
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El reclamo surge a raíz de los múltiples recortes que llevó sobre el área de Salud el Gobierno de Javier Milei, ya que en muchos de los casos de personas con discapacidad, se vulneran sus derechos en una situación de indefensión general.
También estuvieron presentes en la marcha, distintos prestadores de servicios en salud, con el objetivo de impulsar la declaración de la Emergencia de manera urgente. Se trata de un proyecto de ley que declara la Emergencia hasta el año 2027, y que garantiza un piso de protección de derechos.
La iniciativa iba a ser discutida en las comisiones de Presupuesto, Discapacidad y Acción Social y Salud, de la Cámara de Diputados, y de esta forma se avanzaría paulatinamente en su tratamiento. Sin embargo, hoy no funcionaron las comisiones del congreso, debido principalmente al duelo decretado por la muerte del Papa Francisco.
Es por esto que el debate se reprogramó para el miércoles 30, cuando está previsto un plenario que brinde el dictamen necesario al proyecto, para luego ser tratado en el recinto.
Las organizaciones que convocaron a la movilización, aseguraron "Esta iniciativa surge como respuesta a la grave crisis estructural que atraviesan las personas con discapacidad y quienes garantizan su atención, una situación que se ha visto profundizada por el ajuste implementado por el actual gobierno".
Karina Castagnola, representante de la organización civil "Hablemos de Autismo Quilmes", declaró "propone el financiamiento adecuado y sostenido" de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de los programas "que han sufrido un fuerte ajuste en todas las áreas: salud, accesibilidad, empleo y protección social".
Fuentes cercanas al organismo público señalaron que la ANDIS "debería garantizar los derechos y las políticas públicas para personas con discapacidad", sin embargo, "no se hace porque no se quiere hacer".
El reclamo se hace además en el contexto de la auditoría que se viene realizando para quienes perciben el subsidio por discapacidad. Con centros abarrotados de personas con discapacidades, el personal no da abasto y las esperas suelen ser tortuosas, para quienes de por sí ya se encuentran en una situación vulnerable.
