El médico psiquiatra Osvaldo Rubiolo vuelve a reclamar respuestas a la Justicia de Córdoba después de que la jueza Sonia Cristina Pippi dispusiera el sobreseimiento de Germán Darío Campero, en una causa que investiga la presunta desaparición de bienes y documentación profesional que se encontraban bajo custodia judicial. La decisión reavivó un conflicto que lleva más de siete años y que tiene como uno de sus aspectos más delicados el faltante de historias clínicas de pacientes, pericias psiquiátricas y títulos universitarios.
Rubiolo cuestiona tanto los fundamentos de la resolución como el desarrollo de la investigación. En particular, sostiene que el entonces fiscal de instrucción Alejandro Carballo tomó como elementos relevantes para impulsar el sobreseimiento las declaraciones de los dos hijos del médico y de su exsuegra, personas cuya participación en otros episodios denunciados por él también reclama que sea investigada.
El profesional considera que esos testimonios debieron ser examinados en profundidad, teniendo en cuenta las contradicciones que denuncia y los antecedentes que había planteado sobre quienes los brindaron. También cuestiona que nunca haya sido convocado a declarar para aportar su versión de los hechos.
Un conflicto que comenzó después de un divorcio
Para entender el origen de la causa hay que remontarse a agosto de 2018. Después de un proceso de divorcio, la vivienda de Rubiolo en Córdoba Capital habría sido saqueada y desmantelada. Según reconstruyó el medio cordobés Tribuna, el episodio dejó el inmueble inhabitable y motivó que la Justicia de Familia le otorgara la posesión de otra vivienda, ubicada en Santa Rosa de Calamuchita, para garantizarle un lugar donde residir y continuar con su actividad profesional.
Sin embargo, al regresar de un viaje de trabajo, el médico descubrió que habían cambiado las cerraduras de esa propiedad. La situación dio origen a una denuncia por usurpación.
En ese contexto aparece Germán Darío Campero, excuñado de Rubiolo, quien se presentó voluntariamente para asumir como depositario judicial de la vivienda y de los bienes que permanecían en su interior. La Justicia aceptó esa presentación y le otorgó la custodia de las pertenencias.
De acuerdo con los antecedentes periodísticos del caso, esa situación se prolongó durante aproximadamente 17 meses. Cuando finalmente se restituyó el inmueble, Rubiolo denunció que faltaba gran parte de sus pertenencias y documentación profesional.
El reclamo incluyó dinero, ropa, relojes, historias clínicas de pacientes, pericias psiquiátricas y sus títulos originales de médico y especialista en Psiquiatría. También señaló la desaparición de documentación pericial vinculada con la causa por el asesinato de Blas Correas.
Historias clínicas y documentación profesional desaparecida
Uno de los aspectos más sensibles del expediente es el destino de las historias clínicas y los documentos médicos que, según Rubiolo, permanecían en la vivienda bajo custodia judicial.
El problema excede el perjuicio patrimonial. Se trata de información privada de pacientes y de documentación vinculada con años de ejercicio profesional, cuya desaparición podría comprometer la confidencialidad de datos sensibles.
En declaraciones publicadas por Tribuna, el psiquiatra expresó su preocupación por las consecuencias que esto podría tener: “Hay pacientes que pueden ver ventilados hechos muy privados... yo soy perito en causas penales muy importantes y esto impide que pueda llevar adelante mi trabajo como corresponde”.
Según los antecedentes publicados, entre los pocos elementos que habrían sido restituidos se encontraban un manual de psiquiatría y algunas prendas de vestir.
También se realizó un allanamiento en el marco de la investigación. De acuerdo con la declaración del oficial Leguizamón, durante el procedimiento se encontró un manual DSM-IV, pero no aparecieron las historias clínicas ni las pericias psiquiátricas reclamadas.
Para Rubiolo, la ausencia de esos documentos durante un allanamiento posterior no permite determinar que nunca hayan estado en el inmueble ni establecer qué ocurrió con ellos. Por eso insiste en que se reconstruya integralmente la secuencia de los acontecimientos.
La causa avanzó con una imputación y terminó en un sobreseimiento
La investigación atravesó distintas instancias y estuvo marcada por cuestionamientos públicos sobre sus tiempos y resultados.
En mayo de 2026, durante la gestión del fiscal Alejandro Carballo, Germán Darío Campero fue imputado por el delito de depositario infiel, en relación con los bienes y la documentación que estaban bajo su custodia judicial. También se dispuso su citación a indagatoria, según informó el medio cordobés Confidencial.
Sin embargo, antes de dejar su función al frente de la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero, Carballo avanzó con una resolución que buscaba cerrar la denuncia. Posteriormente, la jueza Sonia Pippi dispuso el sobreseimiento de Campero, decisión que ahora Rubiolo pretende recurrir.
El médico cuestiona que durante más de siete años no se haya realizado una investigación con la profundidad necesaria. También señala inconsistencias en la reconstrucción de los períodos de ocupación de la vivienda: mientras él sostiene que se extendió durante aproximadamente 17 meses, en las actuaciones se habría consignado un plazo considerablemente menor.
A esto suma errores en la identificación del denunciante dentro de las actuaciones y el hecho de que, según sostiene, nunca fue convocado a prestar declaración testimonial.
Los testimonios de sus hijos y su exsuegra, bajo cuestionamiento
El punto que Rubiolo considera especialmente delicado en la resolución reciente es la valoración de las declaraciones de sus dos hijos y de su exsuegra.
Según plantea, esas personas fueron señaladas por él por su presunta participación en los episodios de robo y destrucción ocurridos en su vivienda de Córdoba Capital. Por eso cuestiona que sus testimonios hayan sido utilizados como elementos relevantes para fundamentar el sobreseimiento de Campero sin analizar previamente el contexto de esas declaraciones.
El profesional sostiene que existen contradicciones entre los relatos y que la investigación debía contrastarlos con los antecedentes y señalamientos que había presentado. En su opinión, antes de otorgarles semejante relevancia probatoria era necesario profundizar en esas circunstancias.
La defensa considera que tampoco se le dio al propio denunciante la posibilidad de explicar los hechos, aportar información y responder sobre aspectos que considera centrales para reconstruir lo sucedido.
El planteo abre interrogantes sobre la valoración de las pruebas y los fundamentos que llevaron al cierre de la causa respecto de Campero. Se trata de cuestionamientos formulados por Rubiolo que ahora buscará hacer revisar en las instancias judiciales correspondientes.
Cambio de fiscal y un nuevo capítulo judicial
El expediente también atravesó un cambio institucional en la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero. Tras la salida de Alejandro Carballo, se anunció la designación de Leonardo César Galanti como fiscal de instrucción reemplazante, una modificación que en agosto y septiembre de 2026 había generado expectativas sobre una nueva etapa para la investigación.
El recambio se produjo después de años de reclamos públicos del médico y de cuestionamientos sobre el funcionamiento de la investigación. Sin embargo, el reciente sobreseimiento de Campero volvió a colocar el expediente en el centro de la controversia.
En otra de sus declaraciones a Tribuna, Rubiolo expresó su indignación por lo que considera un trato desigual de la Justicia: “Si yo voy a robar una bicicleta, a mí me detienen; esta persona tiene un montón de cosas robadas y no le hacen nada”.
La frase sintetiza el sentimiento de desprotección que manifiesta el profesional después de años de reclamos sin obtener, según sostiene, respuestas sobre el destino de sus pertenencias y documentación.
Apelará el sobreseimiento y llevará el reclamo hasta las últimas instancias
Rubiolo anticipó que, junto con su equipo de abogados, recurrirá la resolución de la jueza Pippi ante la Cámara de Alzada y continuará el reclamo por las vías judiciales que correspondan.
Su objetivo es que se revisen los fundamentos del sobreseimiento, se examinen las declaraciones que considera cuestionables y se investigue qué ocurrió con los bienes y la documentación que denuncia como desaparecidos.
Después de más de siete años, el médico insiste en que el cierre de una imputación no puede confundirse con el esclarecimiento integral de los hechos. La controversia, que involucra un conflicto familiar, una vivienda, bienes bajo custodia judicial y documentación médica sensible, vuelve a poner el foco sobre la actuación de la Justicia cordobesa.
Por ahora, las preguntas que plantea Rubiolo siguen sin encontrar, según su versión, una respuesta satisfactoria: qué pasó con las historias clínicas, dónde están sus documentos profesionales y por qué no se investigaron a fondo todos los antecedentes que presentó.