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El Gobierno denunció penalmente a Emilio Pérsico por fraude y abuso de autoridad

El funcionario fue demandado por un presunto fraude al haber transferido $473 millones a dos cooperativas de las que formaba parte durante su mandato como Secretario de Economía Social.

 

 

 

Lunes, 18 de marzo de 2024 a las 18 58,

Por Ezequiel Bucetto

Lunes, 18 de marzo de 2024 a las 18 58,

En las últimas horas, el Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello, presentó una denuncia penal ante la justicia federal de la Capital Federal contra el ex secretario de Economía Social y destacado dirigente piquetero, Emilio Pérsico. Las acusaciones incluyen delitos graves como fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

El escándalo surge luego de una exhaustiva investigación llevada a cabo por el Ministerio, que reveló presuntas irregularidades financieras ocurridas entre los años 2020 y 2023. Durante este período, la Secretaría a cargo de Pérsico, dependiente del ex Ministerio de Desarrollo Social, habría autorizado giros por casi $490 millones a la Federación de Cooperativas de Trabajo “Evita” LTDA y a la cooperativa La Patriada, mediante la firma de diversos convenios en el marco del programa Potenciar Trabajo.

Según las autoridades del Ministerio de Capital Humano, Pérsico habría ejercido influencia indebida en la asignación de estos fondos estatales, aprovechando su posición como presidente de la Federación "Evita" hasta 2019 y como socio de la cooperativa La Patriada. Se alega que Pérsico, utilizando su cargo público, habría favorecido a estas organizaciones, violando los principios éticos y legales que rigen la función pública.

De acuerdo a lo detallado en la denuncia, se confirma que Pérsico ocupó el cargo de presidente de la primera organización hasta 2019, como consta en el acta de la asamblea ordinaria del 12 de abril de dicho año, y también fue socio de la segunda organización. No obstante, la Ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública le prohibía participar en trámites relacionados hasta tres años después de su renuncia.

"Por lo expuesto, se indica que los fondos del Estado, controlados por el Sr. Pérsico, eran dirigidos a organizaciones de las cuales formó –forma- parte y estaba estrechamente vinculado. Ese era el rol de Pérsico en toda esta maniobra: provocar el pago de los subsidios estatales a las organizaciones de su interés. Su accionar no sólo importó una violación a la ética de los funcionarios públicos, sino también la comisión de delitos penales que deberán ser debidamente investigados" expresaron desde el Ministerio de Capital Humano.

El antecedente de Pérsico y su respuesta

En diciembre pasado, antes del cambio de gestión, una resolución firme de la Oficina Anticorrupción (OA) determinó que Pérsico "infringió el deber de abstención establecido en el artículo 15 inciso b) de la Ley 25.188. Esto se debió a su participación en trámites específicamente relacionados con la Cooperativa de Trabajo de la Patriada LTDA. y la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA., entidades de las cuales debía abstenerse de intervenir por su condición de socio de la primera y, en el caso de la segunda, por haber sido directivo sin que transcurrieran tres años desde su renuncia a tales funciones.

Como resultado de este informe, el Ministerio de Capital Humano optó por iniciar acciones legales contra Pérsico. La acusación también indica que los subsidios podrían haber sido otorgados sin la debida contraprestación y/o verificación de los requisitos estipulados por la normativa del Programa Potenciar Trabajo.

“Cuando asumí había un expediente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA. Yo cometí el error de renovarle el convenio, no sabía que no podía. Después de darme cuenta, fui directamente a la Oficina Anticorrupción. Fui y acepté mi error, y pregunté cómo lo podía corregir. Me dijeron que debía abstenerme de intervenir de ahí en más y eso hice. Yo firmé el convenio marco. Los desembolsos los firmó otro secretario”, había expresado el funcionario en su momento.

Denuncian a Espert por "instigar a cometer un delito" con su llamado a una "rebelión fiscal"

El diputado nacional recibió una denuncia penal luego de llamar a los bonaerenses a no pagar los impuestos provinciales. Además, legisladores provinciales de Unión por la Patria, realizaron una presentación con un pedido de "repudio, denuncia penal y juicio político".

Las polémicas declaraciones que el diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, realizó en la mañana del sábado, cuando llamó a los vecinos de la provincia de Buenos Aires a realizar una "rebelión fiscal" y no pagar los impuestos, siguen en el centro de la atención y ahora pasaron al ámbito judicial. El legislador fue denunciado penalmente por instigación a cometer un delito.

El diputado nacional, recientemente sumado a las filas del bloque oficialista en la Cámara baja, cuestionó los aumentos que implementó el Gobierno de Axel Kicillof y pidió no pagar los impuestos en la provincia de Buenos Aires, además aseguró que el mandatario peronista, "ha generado un impuestazo fenomenal, pero nunca le alcanza". En tanto, convocó a vecinos a no pagar las tasas provinciales y declaró que "eso no es rebelión fiscal al pedo, sino rebelión fiscal con sentido común".

La denuncia la realizó la abogada Valeria Carreras este lunes y esta basada en en el artículo 209 del Código Penal, el cual establece penas de entre dos y seis años de prisión para "el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución".

Según definió la letrada, Espert "no trepida en empujar a los ciudadanos a cometer delito, sea vía la desobediencia vía la evasión vía algún tipo de delito fiscal".

Además, explicó que los dichos del legislador "no son inocentes" porque "apunta a incitar en una población golpeada por el ahogo económico, a que no paguen los tributos de la Provincia de Buenos Aires".

En este sentido, explicó que "es innegable que los dichos del denunciado diputado José Luis Espert afectan al orden público económico del Estado provincial directamente y a la posibilidad de cumplir con sus deberes esenciales, de manera indirecta terminan por atravesar el plano netamente comercial y merecen de una mayor protección por parte del Estado".

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