El Gobierno de Córdoba anunció un refuerzo económico para prestadores del sector de la discapacidad, en un contexto marcado por dificultades financieras y demoras en el envío de recursos nacionales. La medida fue confirmada por la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero.
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Para llevar adelante la asistencia, la Provincia hará uso del Fondo de Emergencia para la Discapacidad, que contará con un monto estimado de entre $400 y $450 millones. Según explicó la funcionaria, estos recursos permitirán a las instituciones afrontar la crisis y sostener sus servicios.
El gobernador Martín Llaryora indicó que se decidió acelerar la ejecución del fondo y modificar su destino original. “Fue creado para financiar nuevos proyectos, pero ahora se utilizará para sostener a las instituciones en este momento crítico”, señaló.
La medida se enmarca en un escenario de reclamos por parte del sector, que advierte por la falta de cumplimiento de programas nacionales y la morosidad en pagos de PAMI e Incluir Salud, lo que impacta directamente en la continuidad de las prestaciones.
Durante un encuentro en el Centro Cívico, representantes de distintas entidades plantearon la situación que atraviesan organizaciones como el Cottolengo Don Orione, Fundación IRAM y Apadim, que asisten a cientos de personas y dependen de esos aportes para funcionar.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que la asistencia busca contener la situación, aunque advirtieron que no reemplaza la responsabilidad de Nación en la implementación de la ley de emergencia en discapacidad. “La Provincia acompaña, pero no puede resolver lo estructural”, sostuvo Montero.
En paralelo, destacaron que el Fondo Provincial de Inclusión Social incrementó su presupuesto a $4.500 millones, con el objetivo de fortalecer proyectos vinculados a la inclusión, el trabajo y la autonomía de las personas con discapacidad.
