La secretaria de Salud y Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, advirtió sobre un escenario crítico en el sistema sanitario tras confirmar que el Gobierno nacional dejará de enviar vacunas del calendario obligatorio a las provincias. La funcionaria enmarcó la situación en un proceso de recortes y reconfiguración del financiamiento en salud.
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Según explicó, la comunicación fue realizada por Nación a través de un correo electrónico, en el que se informó la suspensión del envío de dosis como la Triple Viral, BCG, Covid pediátrica y HPV. En ese contexto, señaló que serán las provincias las que deberán garantizar la provisión. “Hay una transferencia de responsabilidades, pero no de recursos”, afirmó.
Montero vinculó esta medida con la situación que atraviesa el PAMI, donde denunció atrasos en pagos y una reducción en las prestaciones. Indicó que los profesionales perciben $2.100 per cápita, lo que implicaría dejar de cubrir consultas clave, y advirtió sobre el impacto en la integralidad del sistema de salud.
Además, confirmó recortes en el Plan Remediar, un programa histórico que distribuye medicamentos esenciales en centros de atención primaria y que, según precisó, permite cubrir hasta el 80% de las consultas en ese nivel. La funcionaria remarcó que su reducción afecta directamente el acceso a tratamientos básicos.
En paralelo, señaló que la Nación mantiene deudas con las provincias. En el caso de Córdoba, detalló que se adeudan $8.400 millones del programa Sumar, orientado a fortalecer el seguimiento sanitario, y que el sistema público debió absorber gastos ante una deuda de $4.700 millones vinculada a prestaciones de PAMI.
“Lo que está pasando es un descuartizamiento del sistema de salud nacional”, sostuvo Montero, al cuestionar el enfoque de ajuste fiscal. En ese sentido, planteó que las políticas actuales consideran a la salud como un gasto y no como una inversión, en un contexto que —según advirtió— obliga a las provincias a sostener el sistema con recursos propios.
