El Autódromo Roberto Mouras de La Plata fue allanado este domingo en pleno desarrollo de la actividad automovilística correspondiente a las categorías TC Pick Up, TC Pista Pick Up, TC Pista Mouras y TC Mouras. El procedimiento estuvo encabezado por la Policía Federal Argentina (PFA) y se vinculó a una investigación judicial por presuntas irregularidades administrativas y de habilitación dentro del predio.
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El operativo se desplegó mientras se disputaban las competencias programadas y sorprendió tanto a equipos como a espectadores presentes en el circuito platense. Según trascendió, entre 50 y 70 efectivos federales participaron del procedimiento ordenado por el Juzgado de Garantías N°5 de La Plata, en el marco de una causa que viene avanzando desde fines de 2025.
La investigación apunta principalmente a posibles inconsistencias vinculadas con las habilitaciones y condiciones administrativas del autódromo. En las últimas semanas ya se habían realizado distintas inspecciones impulsadas tanto por la PFA como por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).
LA CAUSA TAMBIÉN SALPICA A LA ACTC
El allanamiento realizado este domingo se conectó además con una causa judicial que semanas atrás derivó en procedimientos sobre oficinas de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).
En esa investigación quedaron involucrados el presidente de la entidad, Hugo Mazzacane, y su hijo Gastón Mazzacane, vicepresidente de la ACTC, quienes fueron procesados por la Justicia Federal de La Plata por presunta evasión fiscal y defraudación al Estado.
La denuncia fue impulsada por la delegación local de ARCA, luego de detectar supuestas inconsistencias fiscales registradas entre los años 2021 y 2024. A partir de allí, la fiscal federal Laura Roteta avanzó sobre distintas empresas vinculadas al grupo económico investigado.
LA JUSTICIA INVESTIGA MOVIMIENTOS MILLONARIOS
Según surgió de la causa, la Justicia sospecha que existió durante varios años un esquema de vaciamiento patrimonial destinado a dificultar el cobro de impuestos y obligaciones fiscales.
La investigación también puso bajo análisis movimientos financieros relacionados con la firma Quilmes Tolosa S.A., distribuidora cervecera vinculada a la familia Mazzacane. De acuerdo con el expediente judicial, las maniobras investigadas podrían involucrar cifras cercanas a los 4.000 millones de pesos.
Entre las medidas dispuestas por la Justicia aparecieron embargos sobre aproximadamente 100 vehículos, además de siete inmuebles y once cuentas bancarias pertenecientes a los investigados.
Mientras tanto, el avance de la causa volvió a generar fuerte impacto dentro del automovilismo nacional, especialmente por el alcance de las investigaciones sobre la conducción de la ACTC y la situación administrativa del histórico autódromo platense.
