El bolsillo de los argentinos no da más. Y el tanque del auto, tampoco. Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el precio de los combustibles se disparó un 558%, muy por encima de la inflación y de los salarios.
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El dato, que proviene de un informe de la Fundación Encuentro, expone una de las caras más duras del ajuste libertario: el que pagamos todos los días en el surtidor.
La estampida arrancó en diciembre de 2023, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una devaluación del 54% y liberó los precios del sector.
Desde entonces, el litro de nafta súper pasó de $311 a superar los $2.000. Un salto del 588% en el caso de la nafta súper, según el informe.
Mientras tanto, los salarios del sector privado crecieron apenas un 311%. La inflación, en el mismo período, trepó al 373%. Las cuentas no cierran: el combustible se encareció casi el doble que los sueldos.
El precio de los combustibles subieron 558% en la gestión de Javier Milei
Las consecuencias son concretas. Con un salario promedio del sector privado, hoy se pueden cargar 16,4 tanques de 50 litros. En 2023, esa misma capacidad alcanzaba para llenar 26,3 tanques.
Una pérdida del 38% en el poder de compra. Son casi diez tanques menos que hace dos años. El informe lo grafica con crudeza: "Frente a 2023 perdió alrededor de 10 tanques".
Pero el impacto no se queda en el auto. El combustible es el insumo que mueve la economía. Su aumento se traslada al transporte de mercaderías, y de ahí a los alimentos y a todos los bienes que llegan a la góndola.
La Fundación Encuentro estima que el encarecimiento de los combustibles puede presionar hasta 2,5 puntos la inflación. "El combustible caro no lo paga solo el automovilista: lo paga cualquiera que compra comida", advierte el documento.
El dato más absurdo de esta historia es que la Argentina produce su propio petróleo. Vaca Muerta bombea cada vez más crudo, y las refinerías trabajan al tope de su capacidad.
Sin embargo, el gobierno decidió fijar el precio interno como si cada litro llegara importado del exterior. "El resultado: pagamos valor internacional por un recurso que es nuestro", critica el informe. Una decisión política que no tiene justificación técnica.
El impuesto que no llega a las rutas
El informe también destapa otro desfalco. Por ley, el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) debe destinarse a la construcción y el mantenimiento de rutas.
Pero de los $1,5 billones recaudados en los últimos dos años y medio, solo el 26% se ejecutó en obra vial. El resto quedó colocado en plazos fijos y bonos del Estado.
Con esos fondos no ejecutados, podrían haberse mejorado entre 20 y 25 mil kilómetros de rutas, equivalentes a cerca de dos tercios de la red vial nacional.
La conclusión del informe es lapidaria: "La política de combustibles llena dos cajas —la de los balances y la del superávit— y de paso empuja la inflación de todos.
