El Gobierno autorizó este miércoles la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA). Lo hizo un día después de autorizar los cortes de servicio por falta de pago.
La medida quedó formalizada por medio de la publicación del decreto 494/2025 que habilita a "enajenar total o parcialmente la participación accionaria".
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La norma habilita la venta del 90% del capital accionario de AYSA, actualmente en manos del Estado nacional, mediante un proceso de licitación pública nacional e internacional. Según se detalló, el procedimiento estará a cargo del Ministerio de Economía en conjunto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, una unidad ejecutora especial creada para tal fin.
"Autorízase el procedimiento para la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. bajo la modalidad de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional, cuyo porcentaje asciende al noventa por cient (90 %) del capital social de dicha empresa, conforme lo establecido en el artículo 17, inciso 2) de la Ley N° 23.696 y sus modificatorias", señala el artículo 1 del decreto.
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El Gobierno quiere vender y desligarse de AySA: la letra chica del decreto
La venta se organizará en dos etapas. En la primera, se buscará transferir al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico del sector, lo que marcaría el traspaso del control operativo de la empresa. Posteriormente, el resto del paquete accionario será ofrecido en bolsas y mercados del país, sin aplicar las preferencias previstas en el artículo 16 de la Ley N° 23.696, ni implementar un Programa de Propiedad Participada.
En este sentido, quedó estipulado que “el Ministerio de Economía, en su carácter de autoridad de aplicación, adoptará las medidas que sean necesarias para garantizar que la modalidad de privatización dispuesta no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales”.
En el texto oficial, el Gobierno fundamenta la decisión aduciendo que “desde su creación, AySA ha sido deficitaria y ha dependido de una constante y relevante asistencia del Tesoro Nacional”, precisando en base a los estados contables de la empresa que entre 2006 y 2023 el Estado realizó transferencias del Tesoro por aproximadamente US$13.400 millones.
A pesar de esa asistencia, el Gobierno afirma que no se logró evitar un deterioro progresivo en la eficiencia y productividad de la empresa, con un aumento sostenido de los costos operativos y una caída de la productividad laboral. Además, se remarcó que para mejorar la calidad del servicio se requerirían fuertes inversiones en infraestructura, imposibles de afrontar tanto por la empresa como por el propio Estado, sin comprometer la política de reducción del déficit fiscal.
"La intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos, que no conlleve importantes erogaciones para el ESTADO NACIONAL", explicó el decreto.
La privatización de AySA estaba prevista en el artículo 2 de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y se enmarca en el plan general de reforma y reordenamiento del Estado impulsado por el oficialismo.
Previo al anuncio, la Secretaría de Obras Públicas había diseñado un “Plan de Acción de Transición de AySA S.A. para el período 2024-2026”, orientado a adecuar los compromisos de la empresa a su capacidad real de ejecución e inversión. Ese esquema, según el Gobierno, servirá como base para facilitar la transición hacia un nuevo modelo de gestión, más eficiente y sostenible en el tiempo.
