El gobierno de Javier Milei dejó vencer el decreto que permitía a los trabajadores rurales temporales mantener sus planes sociales mientras trabajaban en el campo.
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La norma, que vencía el 1 de septiembre, no fue renovada y ahora el gremio que nuclea a los trabajadores rurales alerta que 120.000 puestos de trabajo están en riesgo.
La UATRE había solicitado la prórroga con 15 días de anticipación. El 18 de agosto, su secretario general, José Voytenco, envió una carta urgente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pidiendo la extensión del régimen.
De todas formas, el Gobierno no respondió al pedido: "Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha respondido ni ha dispuesto su extensión", denunció el gremio en un comunicado.
UATRE alertó que 120.000 trabajadores pueden quedarse sin empleo: el Gobierno no renovó un decreto
El decreto 514/2021, originalmente impulsado por el gobierno de Alberto Fernández, permitía que los trabajadores rurales accedieran a empleos registrados durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente los beneficios sociales que recibían sus familias, como Asignaciones Familiares, Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo.
Los empleadores, a su vez, accedían a una reducción de las contribuciones patronales. La norma fue renovada en 2023 por dos años más, y en octubre de 2025 la gestión de Milei la extendió por un año más, hasta septiembre de 2026. Pero esta vez, el Gobierno no dio señales.
La UATRE fue contundente en su diagnóstico: "La experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental". Y advirtió que "su discontinuidad genera el efecto contrario al que se busca: desalienta la formalización, dificulta la cobertura de trabajo local y afecta directamente a las economías regionales".
Así, el gremio denunció "la negligencia del Estado al no considerar el impacto de esta decisión sobre toda la cadena productiva".
El régimen de compatibilidad no era un favor. Era una herramienta que funcionaba. Los trabajadores rurales, que suelen ser contratados por temporadas, podían aceptar un empleo sin miedo a perder el único sostén de sus familias.
Los empleadores, por su parte, podían cubrir sus necesidades de mano de obra sin que los trabajadores tuvieran que elegir entre el trabajo y la supervivencia. Ahora, esa herramienta desapareció.
La UATRE recordó que "las políticas sociales no deben convertirse en una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino en una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal".
Pero el gobierno de Milei parece no haberlo entendido. La falta de respuesta a un pedido concreto, que afecta a 120.000 familias y a las economías regionales, es una muestra más de que el ajuste no discrimina.
